Ante escasa productividad, ejidatarios venden o rentan sus tierras

México.- La baja productividad de las tierras obliga a los campesinos a venderlas o rentarlas, situación en la que se encuentra entre 80 y 90 por ciento de la tierra ejidal y comunal del norte del país.

En entrevista con Notimex la secretaria general de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Hilaria Domínguez Arvizu, informó que el problema de la venta y renta de las tierras ha aumentado significativamente en el país.

Ese fenómeno se registra en el norte, en las zonas turísticas y costeras del país y se agravó este año con la reducción de las remesas procedentes de Estados Unidos, en donde hay una persecución sistemática contra los migrantes mexicanos.

La dirigente de la CNC expuso que 20 millones de campesinos que viven del autoconsumo no han recibido apoyos, por lo que no pudieron sembrar sus tierras, fenómeno que se registró tanto entre comuneros y ejidatarios como entre pequeños productores.

La solución no es desaparecer o privatizar los ejidos, sino brindar los apoyos necesarios para que se desarrollen los proyectos productivos y la transformación de la materia prima para darle valor agregado a los productos, explicó.

La renta y venta de la tierra se da por la "pobreza y la pobreza extrema que se registra en el campo nacional", esto se agrava con el incremento de los insumos y la desarticulación de instituciones que fueron creadas para el apoyo a los campesinos, opinó.

En ese caso, la CNC siempre ha mantenido la defensa de los campesinos, ejidatarios y comuneros, por lo que se han presentado propuestas para crear políticas públicas que reactiven el campo, precisó Domínguez Arvizu.

Al mismo tiempo sugirió que se haga de la producción primaria una actividad rentable que vaya encaminada a solucionar los problemas como la crisis alimentaria en beneficio de todos los mexicanos.

La secretaria general de la CNC detalló que la central campesina ha mostrado su preocupación porque empresas nacionales y extranjeras dedicadas a diversos rubros son las que están ganando con dicho problema.

Esa situación se genera porque están rentando o comprando la tierra a los campesinos a muy bajo costo y obtienen ganancias por su usufructo o reventa en dólares, como es el caso de las tierras cercanas a las grandes ciudades, indicó.

Un documento de la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) señaló que no se cuenta con una estadística sobre la cantidad de tierras de ejidos y comunidades rentadas.

El titular de dicha jefatura, Alberto Pérez Gasca, también apuntó que la actual ley agraria no faculta a la dependencia a llevar un registro o control sobre esa situación.

Señaló que la ley establece que los ejidatarios y comuneros tienen la posibilidad de inscribir contratos relacionados con sus tierras en el Registro Agrario Nacional (RAN); sin embargo esta opción no es obligatoria sino optativa.

La SRA, asentó el informe, tiene conocimiento de que la mayoría de los tratos de los ejidatarios y los comuneros son de palabra.

Sin embargo, "en virtud de esta situación, sería conveniente establecer normas legales para tener un control sobre la renta de tierras y poder establecer una política particular al respecto", subrayó.

Desde el punto de vista legal es posible que los ejidatarios y los comuneros hagan contratos por escrito con dos testigos y que los inscriban en el RAN.

Además se reconoce la libertad que tienen los sujetos agrarios de realizar contratos sobre su superficie, como cualquier ciudadano que renta un bien inmueble.

La opinión de la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos de la SRA es que de existir disposiciones legales que obliguen a registrar contratos que involucren tierra social sería más fácil para la administración pública federal proteger los intereses de los campesinos para que no sean engañados.

Esos documentos serían contratos similares a los de carácter civil, en los que se establezca el tiempo de duración, el precio y causales de anulación, como lo existen en los referidos contratos legales.

Actualmente la Procuraduría Agraria, como asesora y defensora de ejidatarios y comuneros, brinda orientación respecto a los contratos de asociación que se proponen a campesinos, aunque por ahora es sólo un acto voluntario.

La SRA sabe que los Tribunales Agrarios llevan juicios en los que se pide declarar nulos los contratos de rentas de tierras, debido a sus condiciones de desigualdad.

Al igual que los dirigentes campesinos, la dependencia federal coincide en que "el ejido tiene futuro y que su privatización no es la solución a los problemas que enfrenta".

Por ese hecho se estimulan las actividades productivas para generar el desarrollo económico y social en los ejidos y comunidades, ya que sus programas no sólo apoyan los proyectos productivos viables sino que estimulan las capacidades de las familias campesinas.

Ejemplo de lo anterior es el programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, con el que se propicia el relevo generacional en el trabajo de la tierra social.

Con ese programa, agregó, se "apoya a las nuevas generaciones en ejidos y comunidades para que compren o renten las tierras a sus familiares o conocidos del mismo núcleo agrario y establezcan proyectos productivos".

Por su parte el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) y el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios ofrecen la oportunidad a las familias rurales para crear y consolidar empresas sociales en sus mismas comunidades.