México ocupa el puesto número 12 en el índice de la lucha contra la corrupción
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Cae México cayó de posición en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 por los intentos del gobierno de interferir en asuntos legislativos y judiciales que dañaron la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), es presentado cada año por el Council of the Americas (Consejo de las Américas) en el que clasifica a 15 países de América Latina según su eficacia con la que combaten la corrupción.
Según este informe, que México continuó en su camino descendente desde 2019 y en este año bajó del puesto 11 al 12, por delante de Guatemala, Bolivia y Venezuela.
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Así mismo, el reporte precisa que Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, reprocha tanto al Poder Judicial como a las instituciones públicas independientes tales como el Instituto Nacional Electoral (INE). También, indica el CCC 2022, AMLO expresó sus planes de eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, “lo cual afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción”, señala este informe.
Por otra parte, los organismos anticorrupción en México han sido usados, en opinión de algunos observadores, con el propósito de obtener beneficios personales o cuentan con nombramientos basados en motivos políticos, indica el informe.
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En este sentido, Alejandra Soto, de Control Risks, una consultora especializada en riesgos globales que realiza el índice junto al Consejo de las Américas opina que “hay este discurso anticorrupción (de López Obrador) que es positivo. El problema es cuando este discurso no se traduce en las herramientas, los mecanismos y en el presupuesto para combatir la corrupción”. y añade “este discurso cotidiano en contra de los otros poderes, y a favor de la agenda presidencial, sin debate alguno, se traduce en un desgaste de contrapesos democráticos”.
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Este Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, que es presentado por cuarta vez, toma en cuenta varias variables tales como la independencia de las instituciones judiciales, así como también los recursos disponibles para combatir los delitos cometidos por empresarios o funcionarios de gobierno.
Los países que lideran el CCC 2022, como Uruguay y Costa Rica, se consideran que están más predispuestos a ver a los actores corruptos procesados.
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En tanto que el reporte también señala que en México las fuerzas armadas, mismas que no están sujetas al mismo escrutinio que los organismos civiles, “participan cada vez más en importantes proyectos de infraestructura”.
Así también, asevera que en el último año López Obrador escaló sus reproches tanto a las organizaciones de la sociedad civil como la prensa en medio de informes sobre supuestos conflictos de intereses y corrupción que involucran a familiares suyos y aliados.
Por otra parte, Soto indicó que un 80% de los contratos del gobierno federal son por adjudicación directa en lugar de por licitación, que podría identificar con más facilidad la corrupción.
“En México se están debilitando algunos componentes para combatir la corrupción de manera institucional y de manera integral”, explicó Soto.
En tanto que, el Congreso mexicano va a debatir la propuesta presidencial para poner a la Secretaría de la Función Pública (SFP), institución esencial para la lucha contra la corrupción, a cargo de las contrataciones públicas y la supervisión de gasto público. Esto derivaría en consecuencias negativas, según el informe, “ya que la SFP se auditaría a sí misma en lugar de que los organismos autónomos supervisen el gasto público”.
Por abajo de Uruguay y Costa Rica en los puestos más altos del índice se ubican Chile, Perú, República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia y Ecuador.
Mientras que Brasil cayó a la décima posición esto debido, entre otras cosas, a que el presidente Jair Bolsonaro ha intentado consolidar el control sobre organismos que investigan la presunta corrupción que involucra a sus aliados, precisa el informe.
Guatemala también es otro de los países que continúa cayendo en el índice por el trato a los organismos anticorrupción. En el reporte se precisa que el Ministerio Público de Guatemala, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, “obstruyó y despidió” a los funcionarios que realizaban las investigaciones relativas a la corrupción. Siendo que en 2021, Estados Unidos incorporó a Porras en una lista de actores corruptos y decidió sancionar a funcionarios guatemaltecos de alto nivel por supuestos actos de corrupción.
Con información de la Agencia The Associated Press.
