Video de tortura comprueba inacción de gobierno en caso Ayotzinapa: ONU

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó categóricamente los actos de tortura que fueron evidenciados en el video difundido en redes sociales en contra de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, Carlos Canto Salgado.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, acusó que "el video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso".

Canto fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina (Semar); su caso es uno de los 34 en que la ONU-DH encontró "fuertes elementos de convicción" que indican la comisión de actos de tortura, además de otras violaciones a los derechos humanos.

Este caso también se hizo del conocimiento del Estado mexicano desde julio de 2015 por cuatro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Jarab agregó que las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de las indagatorias oficiales tuvieron acceso a información que demuestra los actos de tortura y otras violaciones cometidas en contra de Carlos Canto y, a pesar de ello, "no actuaron debidamente".

Es necesario "romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos", agregó Jan Jarab.

Ante esta nueva evidencia, la ONU-DH reiteró su llamado al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones del informe Doble Injusticia. De igual forma, demandó al Estado a implementar medidas de protección para quien aparece en el video, sus familiares y su abogado defensor.

La ONU-DH destacó también que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa no fueron casos aislados y tampoco son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México.

"Esas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción. A la luz de la nueva evidencia sobre la tortura hacia uno de los detenidos, será fundamental que el gobierno mexicano tome acciones concretas y contundentes para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron esos y otros actos semejantes, así como a sus superiores jerárquicos", señaló.

Asimismo, en cuanto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la ONU-DH llamó a la Fiscalía General de la República a relanzar la investigación del caso, a descartar en definitiva la denominada “verdad histórica”, misma que fue sostenida indebidamente por la anterior administración y ha sido desacreditada por investigaciones serias e independientes, y a excluir las pruebas obtenidas mediante tortura u otras formas ilícitas, así como aquella información generada por otras instituciones públicas que no abonan a la verdad y la justicia.

Según la versión oficial del gobierno anterior, los jóvenes fueron detenidos por policías municipales corruptos, entregados al cártel Guerrero Unidos y asesinados y quemados en un basurero.

Además consideró fundamental que se designe a un Fiscal Especial idóneo para el cargo que cuente con el apoyo de la institución y de las víctimas para avanzar en el esclarecimiento del caso y la rendición de cuentas de los responsables.

Tras la publicación del video, Carlos Gómez Arrieta renunció el pasado sábado a su cargo como subsecretario de Seguridad en el occidental estado de Michoacán, quien en septiembre de 2014 estaba a cargo de la Policía Federal Ministerial.