No impugnará el Senado
el ‘decretazo’ presidencial
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CDMC.- El Senado carece de interés legítimo para presentar una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que declaró las obras de infraestructura del gobierno como asunto de seguridad nacional, determinó ayer la Mesa Directiva de la Cámara Alta.
Luego de que 53 senadores de oposición solicitaron a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que presentara dicho recurso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la exsecretaria de Gobernación informó que dicha petición no procede.
“Conforme a los criterios de la SCJN se concluye que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo solicitaron diversos senadores”, informó a los grupos parlamentarios promoventes del recurso legal.
La ministra en retiro explicó que, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente pues, “en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto al Senado”.
“Al ser la controversia constitucional un medio de control de la constitucionalidad, el promovente (...) debe plantear la existencia de un agravio en su perjuicio. Este detrimento debe ser entendido como un interés para instar esa vía que, consecuentemente, radica en la afectación que resienta en su esfera de atribuciones”, dijo.
Sin embargo, aclaró que esta conclusión, a la que llegó luego de hacer consultas con su equipo de asesores jurídicos, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial.
Sánchez Cordero señaló que otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, “bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional”.
Agregó que la presidencia del Senado representa la unidad, lo que implica escuchar todas las voces, “como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político, por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos”.
