Al escándalo por el programa antiterrorista que Dick Cheney, vicepresidente y "hombre fuerte" de Bush, ordenó ocultar a la CIA se sumó la noticia de que el fiscal general Eric Holder podría investigar a miembros de la agencia de inteligencia por las acusaciones de tortura durante interrogatorios
Washington.- Cuando este fin de semana Barack Obama alentaba a los africanos a mirar hacia adelante durante una visita a Ghana, muchos de sus compatriotas no podían evitar el gesto contrario y volver su mirada hacia atrás. Y es que la larga sombra del gobierno de George W. Bush vuelve a alcanzar al nuevo gobierno en Washington.

Obama no ocultó nunca que prefería dejar en paz el pasado y evitar agitar viejos fantasmas. Pero la pesada herencia de la política antiterrorista de Bush no es fácil de dejar atrás, como constató hoy hoy "The Washington Post".

En el centro de la polémica vuelve a situarse Cheney, uno de los principales arquitectos de la "guerra contra el terror" llevada adelante por Bush. "¿Violó Cheney la ley?", se preguntaba hoy la cadena CNN.

Para los demócratas no hay dudas: fue una orden del entonces vicepresidente lo que evitó que el Congreso conociera un programa secreto de la CIA. "Y eso es un gran problema, porque la ley es muy clara en este punto", opinó la presidenta de la comisión de servicios secretos en el Senado, la demócrata Dianne Feinstein.

Un informe del gobierno reveló el viernes pasado que Cheney compartió sólo con un estrecho círculo los detalles de un programa de interrogatorios sin orden judicial, una suerte de grupo selecto "que subestimaba la eficacia de las escuchas como medio contra el terrorismo", según "The New York Times".

La noticia dio nuevo impulso a las reivindicaciones de grupos humanitarios que desde hace meses vienen incrementando la presión para que el gobierno de Obama investigue a fondo los maltratos de prisioneros y otras presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante la administración Bush.

Para mayor alegría de los grupos pro derechos humanos, el fin de semana también se supo que el titular de Justicia Holder está considerando ordenar que se investigue las acusaciones de tortura contra la CIA... aun cuando esta medida pueda generar un conflicto con el propio Obama.

"Ya es hora de actuar contra los fundamentos de las violaciones de derechos humanos en el gobierno anterior", consideró Jameel Jaffer, de la organización ACLU. Las investigaciones judiciales, añadió, son "un paso decisivo para reconstituir la autoridad moral de Estados Unidos en el extranjero y validar la ley y el derecho en el país".

A los republicanos de Bush, esa idea no parece convencerlos del todo. "¿Qué efectos tendría sobre la imagen de Estados Unidos en el mundo?", se preguntó el ex candidato presidencial John McCain.

"Son asuntos de alto riesgo", coincidió el senador republicano John Cornyn. Las investigaciones contra la CIA podrían dificultar en un futuro la obtención de informaciones por parte de los servicios secretos, alertó.

Obama sabe que no puede mirar hacia otro lado. El presidente anunció por el momento su intención de averiguar por qué no se investigó de forma adecuada la presunta ejecución de varios talibanes en Afganistán por parte de un conocido señor de la guerra que apoyó la invasión estadounidense.

La milicia de Abdul Rashid Dostum está acusada de haber encerrado durante días, sin agua ni comida, a un millar de presos talibanes, y de haber matado a quienes sobrevivieron al maltrato. Las acusaciones apuntan a que la administración Bush impidió que se investigaran esas denuncias.