Acabar con la sociedad civil organizada, ¿es la intención?

Que al presidente Andrés Manuel López Obrador le disgusta la posibilidad de que la sociedad civil se organice –particularmente cuando no es para apoyarle a él de forma incondicional– es un dato que conocemos prácticamente desde que inició esta Administración.

Pero, según se ha denunciado por un grupo de legisladores coahuilenses, la animadversión de la autodenominada “Cuarta Transformación” está siendo llevada demasiado lejos al promover una reforma legal que prácticamente condenaría a la desaparición a muchas organizaciones civiles.

De acuerdo con la información conocida, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, está promoviendo que se reforme el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la intención de eliminar la deducibilidad tributaria de las donaciones a organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta, que comenzará a discutirse hoy en el seno de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, ha sido calificada de “albazo legislativo” por legisladores del PRI, quienes han advertido sobre las negativas consecuencias de llevarla adelante.

En Coahuila, por ejemplo, una modificación de este tipo traería como consecuencia que unas 300 organizaciones de la sociedad civil, que hoy tienen el estatus de donatarias autorizadas, dejaran de contar con el incentivo de expedir recibos deducibles de impuestos.

La propuesta de modificación a la Ley del ISR, dirán seguramente sus promotores, no impide que los organismos de la sociedad civil sigan recibiendo donaciones por parte de individuos y empresas. Y eso es cierto, pero la diferencia sería ahora que tales donativos no podrían deducirse de impuestos.

Tal hecho implicaría un desincentivo enorme, sobre todo para que las empresas siguieran realizando aportaciones a los organismos civiles que desarrollan múltiples acciones de beneficio social.

“El impacto en Coahuila, como en todo el país es tremendo, incalculable si nos vamos a términos económicos, y todavía más incalculable si nos vamos a términos sociales”, ha advertido al respecto el diputado saltillense Jaime Bueno Zertuche.

Y tiene razón, sobre todo en la última parte, pues los efectos, en términos sociales, de no contar con organismos civiles que, entre otras cosas, vigilen la actuación de los gobiernos y den seguimiento a temas concretos de la agenda pública, serían realmente muy negativos.

Es de esperarse por ello que la oposición, además de advertir sobre la existencia de esta iniciativa y sus nocivas consecuencias en caso de ser aprobada, se dedique a reunir los votos necesarios para frenar la intención del Gobierno de la República de eliminar a las organizaciones civiles porque le resultan “incómodas”.