Adelantar los tiempos. Desafiar al árbitro
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No es una salida en falso. No se trata de una confusión en las señales -auditivas y/o visuales- que marcan el inicio de la carrera.
Tampoco es desconocimiento de las reglas, no. Se trata de un acto deliberado, de un abierto desafío a las autoridades cuyo papel es garantizar que la competencia se desarrolle conforme a las normas pactadas de antemano.
Con una agravante: los límites a los que debe ceñirse la actuación de los jugadores fueron definidos, discutidos y pactados por ellos mismos. Ni siquiera pueden alegar que lo suyo es “un acto de rebeldía” frente a estatutos injustos, absurdos, disfuncionales... ellos pintaron las líneas limítrofes de la cancha en la cual disputarían el encuentro.
Pero ahora han decidido ignorarlas de forma explícita, abierta, sin rubor. Lo cual obliga a voltear hacia donde se encuentra el árbitro en espera de su reacción. ¿Comenzará a sacar tarjetas para amonestar? ¿Dejará correr las acciones? ¿Impondrá su autoridad sobre el campo de juego?
Mientras la incógnita se despeja, lo cierto es que el balón ha sido puesto en movimiento y los jugadores responsables de coordinar la estrategia en la cancha han iniciado el asedio a las porterías y tienen toda la intención de que, al impactar la pelota contra las redes, los goles se reconozcan como legítimos, aunque el cronómetro que marca el tiempo reglamentario de juego aún siga detenido.
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UN POCO DE HISTORIA
Para entender mejor la circunstancia actual conviene recuperar el pasaje histórico que provocó el surgimiento de las reglas con las cuales se ha acotado, en las últimas dos décadas, la actividad de quienes, desde una posición gubernamental, partidista o ciudadana, buscan conquistar una candidatura.
El episodio detonante de esta historia es uno particularmente largo: consumió más de dos años -entre 1998 y el 2000- y su protagonista principal fue Vicente Fox, entonces gobernador de Guanajuato.
A lo largo del período señalado, Fox hizo algo a lo que nadie antes se había atrevido: desarrolló una larguísima “precampaña” para conquistar la nominación presidencial del Partido Acción Nacional.
Acompañado por un auténtico ejército, denominado “Amigos de Fox”, inauguró un estilo que 20 años después usaría Donald Trump en los Estados Unidos: “obligó” primero al PAN a convertirlo en su candidato y luego hipnotizó a un electorado que vio en él la única alternativa para “echar al PRI” de la Presidencia de la República.
Pero eso fue posible por una razón: en aquel momento la legislación electoral no contemplaba ninguna regla que regulara los actos de precampaña. Ante ello, Fox entendió que no había ninguna necesidad de esperar a que el árbitro de la contienda pitara el inicio del juego para comenzar a moverse en la cancha.
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Luego de este episodio las nomenklaturas partidistas reaccionaron, pues leyeron con precisión lo ocurrido: si no acotaban la actividad de sus propios militantes -o, peor aún, de los “outsiders”- cualquiera -con suficientes recursos económicos, por supuesto- podría adueñarse fácilmente del control de sus estructuras y ponerlas a su servicio.
Así surgieron las reglas que prometieron poner un dique a las “campañas eternas”.
LA EVOLUCIÓN DE LA REGLA
Coahuila fue la primera entidad donde se establecieron reglas precisas para limitar las precampañas.
“Los ciudadanos que por sí, o a través de partidos políticos o terceros, realicen actividades propagandísticas y publicitarias, con objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de obtener la postulación a un cargo de elección popular, se ajustarán a los plazos y disposiciones establecidos en esta ley. El incumplimiento a esta norma dará motivo a que el Instituto (electoral), a través de sus órganos competentes y en la oportunidad correspondiente, les niegue el registro como candidato”, rezaba el segundo párrafo, del artículo 107, de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, publicada el 16 de noviembre de 2001.
La norma se aplicó por primera vez en los comicios de 2002, cuando se renovaron los ayuntamientos y el Congreso local. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces.
Hoy tenemos normas generales, a nivel nacional, que establecen casi todos los límites de actuación de quienes aspiran a una candidatura, sea por la vía de los partidos o de forma independiente. Además, la fiscalización de los recursos que implica el desarrollo de este tipo de actividades se ha centralizado y se encuentra a cargo exclusivamente del Instituto Nacional Electoral.
En el proceso de evolución de la normatividad electoral, lo que inició como un conjunto de reglas que sólo buscaban evitar “las campañas eternas” se ha convertido en un complejo entramado de normas que son vigiladas por partida doble: de un lado la autoridad local -el Instituto Electoral de Coahuila- y del otro la federal -el INE.
LA REGLA ACTUAL
Los artículos del 168 al 175, del actual Código Electoral de Coahuila, regulan las precampañas. La lectura integral de esa norma deja claro que cualquier acto -sin excepción- tendiente a obtener una candidatura, solo puede realizarse una vez que ha iniciado el proceso electoral y ello no ocurre sino hasta el primer día de enero del año de la elección.
El Código también prohíbe, de forma expresa, la realización de actos anticipados -a las campañas o las precampañas- “cuya finalidad consista en solicitar el voto de la ciudadanía en favor de una candidatura, para acceder a un cargo de elección popular o publicitar sus plataformas electorales o programas de gobierno o posicionarse con el fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de selección interna”.
La sanción por incurrir en estos actos, de acuerdo con el artículo 169 del Código, es “la negativa del registro” para participar dentro de los procesos internos de los partidos o aspirar a una candidatura independiente.
Pese a la existencia de estas reglas, todo mundo ha adelantado los calendarios y hoy nos dirigimos al proceso electoral de renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Coahuila, en medio de una intensa actividad de dirigentes partidistas, representantes populares y servidores públicos a quienes parece tenerles sin cuidado las prevenciones de una norma que ellos mismos han venido perfeccionando desde hace dos décadas.
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Lo único que puede poner un dique a este desbordamiento es la actuación de un cuerpo arbitral dispuesto a sacar las tarjetas para amonestar -y eventualmente expulsar- a quienes no se sujeten a las reglas del juego.
