Aeropuerto de película, pero que necesidad

En 1970 se estrenó la película Aeropuerto, bajo la dirección de George Seaton. El largometraje obtuvo nueve nominaciones a los premios Oscar, entre ellas la de mejor película, al tiempo que Helen Hayes se alzó con la estatuilla como mejor actriz de reparto. Fue tal su popularidad, que la película contó con tres secuelas.

Lo anterior no tendría relevancia alguna para este intento de columna de no ser por el hecho de que la galardonada pieza significó el inicio del género identificado como cine de desastres y –de momento– cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Ni el famoso Cerro de Paula o el hallazgo de un imponente cementerio de mamuts impidieron el arranque del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para el anecdotario quedan la venta de souvenirs con la imagen del mandatario nacional y la instalación de un puesto ambulante en el que doña Carmen ofertó a los hambrientos las siempre energéticas tlayudas, esas que a decir de Sofía Niño de Rivera son tortilla, con queso, crema, salsa; le puedes poner frijoles, pollo... (referencia para standuperos y tiktokers).

No obstante que el aeródromo no se encuentra totalmente concluido; que las vialidades de acceso no han sido entregadas; que la central aérea atiende tan solo una veintena de vuelos al día; que el tren suburbano para llegar al sitio aun no es una realidad y que la calidad de internacional del mentado aeropuerto la aporta la aerolínea estatal venezolana Conviasa, el pasado lunes se dejaron sentir las loas y vítores hacia el Presidente mexicano, quien -muy a su estilo- se dejó consentir por el respetable en uno de los episodios cumbres de su gestión, el cual le viene como anillo al dedo ante otro momento –para él– de trascendencia histórica: la consulta de revocación del mandato.

Debemos reconocer que el AIFA se planeó y construyó en un tiempo récord de dos años con cinco meses y que –contra viento y marea– parece cumplir las especificaciones necesarias para operar eventualmente a su máxima capacidad; sin embargo, la pregunta que seguimos haciéndonos es la misma: para el resultado obtenido, ¿realmente era conveniente cancelar la obra de Texcoco iniciada en el sexenio anterior? Y es aquí donde la palabra “prescindible” adquiere especial relevancia.

Como doña Carmen preparando y cobrando las tlayudas al mismo tiempo, vámonos por partes. De acuerdo a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa; dicho de otra manera, como en el juego de la pirinola, todos ponemos para el sostenimiento del país. Luego, conforme al mismo ordenamiento -artículo 80- el Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo al que se le denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien –entre otras muchas atribuciones– cada año envía a la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos (Artículo 74, Fracción IV); es decir, es el gobernante en turno quien propone (y también dispone) la forma en que las y los mexicanos aportamos recursos al erario y cómo serán gastados los dineros que en esencia nos pertenecen a todos.

Es por lo anterior que al elegir al Presidente, el pueblo contrata a quien habrá de servirle como administrador de la cosa pública y este –según el numeral 134 de la referida ley fundamental– debe ejercer los recursos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

En nuestro nuevo aeropuerto de película a la mexicana, se sube el cero y no contiene. De inicio se anunció que la inversión para la obra sería de 75 mil millones de pesos; luego, el mismo señor López subió el monto a 80 mil millones; más tarde, la SHCP lo ajustó en 84 mil 956 millones, pero según cifras oficiales se han invertido 104 mil 531 millones de pesos; esto sin contar los 11 mil 450 millones asignados en el presupuesto del presente año, lo que nos llevaría a un sobrecosto de 36 por ciento con respecto al monto original. Pero no solo eso, cancelar el proyecto anterior le costó al pueblo –en su cálculo más conservador– la friolera de 113 mil 327 millones de pesos, sin considerar lo que ya se había invertido y ahora es tan solo chatarra y escombro. Lo que llama la atención es que aun no se sabe a ciencia cierta cuanto costó cancelar el proyecto anterior ni cuanto se erogará para la construcción definitiva del actual.

Aquí en confianza, frente a los anteriores datos, ¿el dinero de las y los mexicanos ha sido gastado de manera eficiente por nuestro administrador? La mejor opinión la tiene usted, amable y única lectora. Por lo pronto, dijera el Divo de Juárez: “pero que necesidad”.