¿Amaga el crimen a alcaldes electos en Coahuila?

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes Hernández, el crimen organizado podría encontrarse detrás de las posiciones de alcaldes electos que han manifestado “oposición” a integrarse al mecanismo de mando único policial una vez arranquen sus administraciones.

“Tenemos informes de alcaldes que han sido azuzados para no aceptar o a lo mejor les están diciendo a quién poner en esos cargos, pero esas son especulaciones dentro del ambiente por no estar bajo la línea clara de una seguridad para Coahuila todos en el mismo camino”, dijo ayer el funcionario.

Se trata de una aseveración sumamente grave pues antes de que los cuerpos de seguridad municipal pudieran colocarse al servicio de intereses criminales –lo cual es una especulación sobre el futuro– está la posibilidad de que los alcaldes electos se encuentren bajo amenaza o, peor aún, que actúen desde ahora en connivencia con la delincuencia.

Cualquier de las dos posibilidades resulta indeseable por lo cual no pueden tratarse con frivolidad y, menos aún, como una estrategia para “doblegar” a quien de forma legítima puede tener opiniones discordantes respecto del esquema del mando policial único.

Por ello, si el Secretario de Gobierno cuenta con información de que la delincuencia organizada estaría presionando a autoridades electas, la primera reacción debería ser la de garantizar su protección y asegurar que toda la fuerza del estado mexicano se orientara a disipar tal amenaza.

Si, por el contrario, la información que posee De las Fuentes Hernández apunta en el sentido de actos de complicidad, entonces tendría que denunciar tales hechos ante las autoridades respectivas a fin de que se inicien las investigaciones pertinentes y, en su caso, se proceda en contra de quienes estuvieran actuando en ese sentido.

Lejos de cualquiera de estas posibilidades, el “escopetazo” que el funcionario lanzó ayer al aire banaliza un tema de la mayor gravedad para la ciudadanía que habita los municipios presuntamente amenazados por esta realidad y pervierte la discusión de un tema que debe tratarse con el mayor cuidado.

Hoy día, tres municipios de la entidad, General Cepeda, Torreón y Monclova, no se encuentran dentro de dicho esquema, pero el Gobierno de Coahuila ha expresado su deseo de que, a partir del 1 de enero próximo, los 38 ayuntamientos que inicien funciones acuerden sumarse a esta línea de acción, lo cual es una iniciativa atendible.

El tono usado ayer, sin embargo, pareciera plantear que no se trata de una opción sino de una obligación y que la coordinación de acciones en pro de la seguridad sólo es posible si los ayuntamientos aceptan subordinarse.

Por supuesto que el clima de seguridad de la entidad debe ser visto como un bien colectivo que a todos conviene preservar. Sería deseable, sin embargo, que en el proceso de construir un esquema que responda a los intereses más amplios de la sociedad coahuilense, el debate público sea serio y que se renunciara a la tentación de dar “manotazos en la mesa”.