Campañas adelantadas: un vicio común
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Estamos en el inicio de un año marcado por el repunte virulento de una pandemia negada a plegarse al discurso presidencial y cuyo protagonista principal, el coronavirus SARS-CoV-2, está dejando claro una vez más cómo no está dispuesto a “ser domado” y, para dejarlo perfectamente claro, se encarga de infectar a quien se asume como su domador.
También arrancamos un año en el cual el concepto “cuesta de enero” se ha redimensionado debido al retorno de niveles de inflación no vistos desde hace dos décadas los cuales se notan, sobre todo, en el encarecimiento de los productos necesarios para la alimentación.
Pero en medio de los signos desalentadores de la vida cotidiana, o justamente como respuesta a ello, la clase política mexicana arranca un año dedicada a recrear las batallas políticas tras bambalinas típicas de un país al cual le encanta el doble discurso y la duplicidad moral.
Conviene recordar en este sentido un hecho puntual: la legislación electoral mexicana ha sido “adecuada”, en las últimas dos décadas, para someter a los políticos mexicanos a un estricto calendario de actividad proselitista en el cual no caben las campañas eternas... y el derroche de recursos inherente a las mismas.
Tales “adecuaciones”, conviene también recordarlo, se realizaron luego de atestiguar el exceso cometido por Vicente Fox, quien sostuvo tres años de abierta campaña antes de ser postulado formalmente a la Presidencia de República. Escandalizados por el hecho, los integrantes de nuestra clase política decidieron crear reglas para impedir las campañas eternas... solamente para inaugurar la etapa en la cual las campañas eternas siguen dándose, aunque ahora de forma simulada.
Las prohibiciones establecidas en las normas, con sus respectivas “consecuencias” para quienes incurrieran en ellas, tenían el propósito de evitar, sobre todo, el uso indiscriminado de recursos -por regla ilegales- en el proceso de acceder a las candidaturas a cargos de elección popular.
Pese a ello, hoy todo mundo está en campaña y camina todos los días sobre la muy delgada línea existente entre la legalidad y la violación a las normas electorales. Pero, como corresponde a nuestros usos y costumbres, todo mundo niega estar actuando de forma ilegal y los ciudadanos fingimos no darnos cuenta de cómo se ha configurado ya la boleta electoral.
Y no se trata solamente de la muy adelantada sucesión presidencial puesta en marcha, de forma atípica, por el propio presidente López Obrador, sino también de la ultra adelantada sucesión gubernamental en los estados de la República -entre ellos Coahuila, desde luego- en los cuales, igualito a como ocurre a nivel federal, se utiliza sin pudor el presupuesto público para impulsar a los favoritos de Palacio y, sobre todo, para marginar a quienes, desde ya, son disidentes en sus propios partidos.
Tampoco son nada más quienes conforman los grupos actualmente en el poder a nivel nacional o local: en la carrera desbocada por ganar un lugar en nuestras mentes y corazones están metidos los aspirantes de todos los partidos políticos y, cada quien de acuerdo a sus posibilidades, le inyecta dinero ilegal a su proyecto personal.
Así, en un ambiente de hipocresía electoral, en México transitamos la ruta de renovación de los poderes públicos, un camino en el cual nuestros políticos siempre encuentran espacio para presentarse a sí mismos como la fuente de toda esperanza, gracias a la cual se vuelve menos sombrío el panorama, aunque al final de ese arco iris, como lo demuestra de forma consistente la historia, no exista ningún jarrón lleno de oro, sino solamente otra dosis de decepción.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
carredondo@vanguardia.com.mx