‘Caso Ayotzinapa’: ¿de vuelta al principio?

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó ayer sus conclusiones respecto del Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Su veredicto no podría ser más desolador: el Informe se funda en presuntas evidencias a las cuales no es posible conceder autenticidad y, por tanto, no pueden considerarse pruebas en sentido estricto.

Lo dicho ayer por el grupo de cuatro expertos coincide, por cierto, con el reporte publicado la semana anterior por el periódico The New York Times, en el cual se cita una entrevista con el encargado del Informe, el subsecretario Alejandro Encinas, en la cual reconoció que dentro de la “nueva evidencia” presentada “hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”.

De acuerdo con los integrantes del GIEI, muchos de los mensajes presuntamente enviados a través de un servicio de mensajería instantánea, en los cuales se basan las conclusiones de la Comisión de la Verdad de Encinas, no solamente no pueden validarse como auténticos, sino que cabe la posibilidad de que algunos de ellos hayan sido falsificados.

El calificativo utilizado por Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, para caracterizar las acciones realizadas en las últimas semanas por la Fiscalía General de la República para judicializar el caso es revelador: “es una torpeza”. La frase coincide otra vez con el reporte del NYT, según el cual habría sido la prisa del presidente López Obrador lo que llevó a la publicación anticipada del Informe.

Lo que va quedando claro, a partir de los datos revelados, es que la actual administración federal ha tropezado exactamente con la misma piedra que el gobierno de Enrique Peña Nieto: el involucramiento del ejército en los hechos que culminaron con la desaparición de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos.

Y en ese tropiezo se va diluyendo el compromiso de esclarecer los hechos y va ocurriendo algo aún peor: se ha golpeado nuevamente la confianza de los padres de los jóvenes desaparecidos y de la sociedad en general, porque la evidencia apunta, cada vez con más fuerza, en una sola dirección: el Gobierno, sin importar su origen político, está dispuesto a hacer lo que sea con tal de proteger a los militares que participaron en los hechos.

Así, la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam y el “fue el Estado” del gobierno de López Obrador constituyen, al menos hasta ahora, tan solo la constatación de que en nuestro país no existe la posibilidad de que se lleve a cabo, por parte de las instancias públicas, una investigación pulcra.

Y eso ocurre por una razón que también resulta cada vez más evidente: quienes tienen a su cargo la responsabilidad de esclarecer la verdad son incapaces de sustraerse a la tentación de utilizar casos emblemáticos como éste para algo más que no sea obtener ganancias políticas.

Así las cosas, el Caso Ayotzinapa parece haber regresado a la casilla inicial y resulta muy difícil creer que en verdad algún día sabremos la verdad.