Coahuila: finanzas bien calificadas en 2020

La evaluación del desempeño público por parte de organizaciones civiles especializadas y el desarrollo de indicadores independientes que aportan una mirada más completa sobre estos temas constituye una de las virtudes de las sociedades democráticas.

Y es que allí donde se dispone de mediciones que no están sesgadas por el interés de retratar el éxito a toda costa, uno de los fenómenos positivos que pueden observarse es que la rendición de cuentas mejora y puede construirse un clima de confianza hacia las instituciones gubernamentales.

El comentario viene a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la publicación de la edición 2021 del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de acuerdo con el cual nueve entidades mexicanas tuvieron un desempeño adecuado en materia contable durante 2020.

Cuatro de estas, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán, tuvieron una calificación perfecta (100 de 100 puntos posibles); Baja California obtuvo 99, mientras que a Coahuila, que se ubicó en la sexta posición junto con Puebla y Sonora, se le otorgaron 97 puntos.

Estas entidades, de acuerdo con el IMCO, “se apegaron a la normatividad y procuraron la transparencia y la rendición de cuentas” durante el año pasado, un dato que resulta significativo, además, porque se trata de un periodo marcado por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

El informe destaca también que nuestra entidad fue la que más recursos reasignó ese año a la seguridad pública y la segunda con mayores reasignaciones presupuestales para salud.

No habrá que regatear el reconocimiento al desempeño financiero de la entidad en 2020. Menos cuando los datos son aportados por un ente independiente del sector público que ha desarrollado metodologías robustas para evaluar la actividad gubernamental.

Habrá que decir, sin embargo, que tal desempeño es el esperado de cualquier administración pública y que lo importante, de cara al futuro, será ver que la evaluación obtenida para el ejercicio 2020 se mantenga a lo largo del tiempo.

Rendir cuentas es una de las principales responsabilidades de quienes tienen a su cargo las instituciones públicas y, en particular, en materia de administración del patrimonio colectivo. Pero exigir cuentas es también uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía y por ello no podemos esperar menos que un ejercicio pulcro de los recursos.

Toca ahora identificar puntualmente las buenas prácticas desarrolladas durante el 2020, a fin de que estas se conviertan en el piso mínimo de actuación, no solamente para el tiempo que resta de la actual administración estatal, sino para todas las administraciones por venir.

Cabe esperar igualmente que la evaluación positiva que ha obtenido el gobierno estatal se reproduzca en el caso de todos los municipios.