Crisis migratoria: ¿por qué no reacciona la Federación?
La gran pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué el Gobierno de la República tarda tanto en reaccionar frente a la crisis migratoria que se está viviendo en el norte del país?
La ausencia de respuesta ante la situación, que implica a miles de personas que han sido colocadas en una suerte de “limbo jurídico” –porque tienen permiso para circular por el territorio nacional, pero se les impide llegar a la frontera, alegando que el permiso expedido no contempla dicha posibilidad– ya ha llevado a que se especule sobre la existencia de motivaciones políticas.
La senadora Verónica Martínez fue explícita ayer en este señalamiento al plantear que “van a empezar (a ocurrir) muchas cosas extrañas en Coahuila, justo cuando vamos al proceso del 2023 para generar caos, para generar inestabilidad”.
Por su parte, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, Manolo Jiménez Salinas, dijo que la realidad actual “pudiera ser (una trampa), todo puede pasar y todo podemos pensar porque desafortunadamente es un fenómeno que no han atendido y que se va agravando y es la responsabilidad de ellos (del Gobierno federal)”.
¿Se trata, en efecto, de un hecho que está siendo utilizado para generar inestabilidad en el territorio coahuilense o de otros estados de la frontera norte? No existe evidencia clara en ese sentido, pero la inacción evidente de las autoridades federales deja la mesa servida para la especulación.
Más allá de esto, sin embargo, es preciso insistir en el hecho puntual sobre el cual no hay controversia: el problema es real y se traduce en que miles de personas extranjeras se encuentran en este momento diseminadas en diversos puntos del territorio nacional, sin tener certeza alguna de su situación jurídica en México.
En el contingente, que ingresó hace casi dos semanas al país, se encuentra un número importante de niños, así como personas adultas con problemas de salud. En general, por otro lado, se trata de personas en condición precaria a quienes pronto se agotarán los pocos recursos económicos que trajeron consigo desde sus lugares de origen.
Ignorar los hechos, como puede deducirlo cualquiera, no resolverá la situación sino exactamente al contrario: cada día que pasa la vuelve más compleja y convierte en urgente el definir el destino de estas personas.
¿Se pretende acaso que el problema haga crisis en los estados de la frontera norte y con ello colocar a los gobiernos estatales y municipales en una situación comprometida que les implique asumir el costo político de las medidas que, tarde o temprano, tendrán que adoptarse?
Cabría esperar que no sea esa la intención y, menos aún, que tales hechos pretendan utilizarse como combustible para la contienda electoral que se avecina. Pero para creer que esa no es la intención resulta indispensable que comiencen a darse muestras en ese sentido, de forma inmediata.
