Cuando la defensa de derechos en América Latina se convierte en motivo de exilio: a propósito del Día Mundial de las Personas Refugiadas

América Latina ha sido escenario de diversas formas de represión sistemática contra personas defensoras de los derechos humanos, especialmente en contextos autoritarios. Estas prácticas han incluido el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, vigilancia, hostigamiento, estigmatización y el exilio forzado. A ello se suman mecanismos de carácter administrativo que, aunque menos visibles, generan graves afectaciones sobre el ejercicio de los derechos fundamentales.

En los últimos años, la represión por vías burocráticas se ha intensificado en países como Venezuela y Nicaragua, donde tácticas como la anulación arbitraria y la confiscación de pasaportes y, en el caso nicaragüense, la pérdida de nacionalidad, han sido utilizadas como formas de neutralizar a quienes son percibidos como “enemigos” por disentir o criticar las políticas y actuaciones del gobierno.

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El mes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), a través de un comunicado de prensa, documentaron al menos 40 casos de anulación arbitraria de pasaportes en el contexto poselectoral venezolano de 2024, como parte de una estrategia sistemática del régimen orientada a amedrentar y silenciar a quienes denunciaron abusos y falta de transparencia en torno a la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Las personas afectadas, en su mayoría defensoras de derechos humanos y periodistas, no recibieron notificación oficial ni justificación legal alguna sobre la medida.

La CIDH ha advertido que la anulación de pasaportes genera temor, una sensación de vigilancia constante y un efecto inhibidor que impide a las personas continuar con sus actividades de denuncia. En este sentido, estas acciones no sólo vulneran derechos individuales, como la integridad personal, la libertad de circulación, la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho al trabajo, sino que también buscan restringir el espacio cívico y democrático.

Particularmente en el derecho a la libertad de circulación, la anulación, confiscación o vencimiento del pasaporte, sin posibilidad de renovación, impide que las personas puedan salir del país de manera regular o acceder con mayor facilidad a mecanismos de protección internacional. Sin documentación válida, buscar protección en otro país se vuelve significativamente más difícil, lo que incrementa su vulnerabilidad ante obstáculos migratorios, trámites prolongados y ausencia de garantías básicas.

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Los daños, riesgos e impactos derivados de esta situación pueden ser significativamente mitigados si actores clave de la comunidad internacional adoptan medidas coordinadas para fortalecer sus políticas migratorias con un enfoque de derechos humanos, garantizando condiciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de quienes se ven forzados a huir de sus países por su labor de denuncia y defensa.

En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, es necesario rendir homenaje a quienes han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y al ejercicio del periodismo en contextos autoritarios. Muchas de estas personas se han visto obligadas a abandonar sus países; otras continúan resistiendo desde dentro, enfrentando riesgos cotidianos. Su compromiso y valentía, dentro y fuera de sus territorios, son un testimonio vital en la lucha por la democracia y el Estado de derecho.

La autora es Investigadora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH