Culpar al pasado: la cantaleta de siempre
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Ha transcurrido más de una semana desde la inundación del “pocito” El Pinabete y al cierre de esta colaboración seguían sin lograrse las condiciones para intentar el rescate de los 10 mineros atrapados allí. El tiempo se ha consumido exclusivamente en drenar el agua del lugar... y poco más.
En términos de las tareas de rescate, ciertamente no puede hacerse ninguna otra cosa, y por ello no puede reprochársele nada a las autoridades involucradas –directa e indirectamente– en la tarea. Pero no es eso lo único susceptible de hacerse y allí sí cabe el reclamo.
¿A cuáles otras tareas podrían dedicarle tiempo las autoridades? Esencialmente a la integración de los expedientes de investigación –en materia administrativa y penal– de los cuales deben derivar responsabilidades para quienes construyeron, con sus acciones y omisiones, las condiciones para el desastre.
Porque, como se ha dicho hasta la saciedad en la última semana, solamente si al final de esta historia se imponen sanciones ejemplares a todos los responsables –los empresarios y los empleados públicos– podremos aspirar a la interrupción de la cadena de muertes en los “pocitos”.
Por desgracia no parece existir la voluntad para hacer algo distinto a lo ocurrido hasta ahora en cada ocasión en la cual la corrupción y la negligencia han derivado en la explosión, la inundación o el derrumbe de una mina con la consecuente pérdida de vidas humanas.
Algunos datos ventilados en los últimos días deberían servir de base para avanzar en el armado de los expedientes, a la espera del desenlace. A saber:
Primero: el déficit de supervisión en los “pocitos” por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del IMSS. ¿Cuál es la razón por la cual no se han habilitado más inspectores en la región? ¿Acaso puede explicarse este hecho sin considerar la existencia de un red de corrupción?
Segundo: el tráfico de concesiones mediante el cual un individuo como Cristian Solís aparece como “propietario” de la mina, cuando, de acuerdo con la Organización Familia Pasta de Conchos, es una persona sin fortuna personal cuya esposa realiza rifas en Facebook y su madre trabaja en una maquiladora.
¿Quién o quiénes están detrás de esa concesión realmente y se benefician económicamente de la explotación –ilegal e inhumana– de quienes, carentes de alternativas, se ven obligados a jugarse la vida cotidianamente?
Tercero: el registro “extemporáneo” ante el IMSS de los mineros atrapados, hecho expuesto por el propio presidente López Obrador en su conferencia matutina de ayer. ¿O un hecho de tal naturaleza sólo servirá para imponerle una multa al presunto patrón?
Cuarto: la forma en la cual la empresa llegó al padrón de proveedores de la Comisión Federal de Electricidad pese a la “exhaustiva” revisión realizada por la propia CFE y la Secretaría de Energía para eliminar a los coyotes.
Son sólo algunos datos. Pero son suficientes para documentar la realidad conocida por todos en la Región Carbonífera: los “pocitos” solamente prevalecen gracias a la connivencia entre “empresarios” inescrupulosos y “servidores” públicos corruptos.
Por desgracia, para llevar a buen puerto las investigaciones y hacer algo realmente significativo en torno a esta actividad hace falta tener vocaciones más allá del lucro político y, según van quedando claro, el interés de López Obrador y sus acólitos se limita a utilizar el episodio para culpar al pasado y sacarle provecho electoral.
Porque para este Gobierno lo importante no es ser eficaz –porque no sabe serlo– sino justificar su ineptitud e incompetencia culpando a sus antecesores... y dejando las cosas exactamente igual.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
carredondo@vanguardia.com.mx