Día de duelo

Mañana conmemoramos el 53 aniversario de la cruel e impune masacre del 2 de octubre de 1968, herida que sigue abierta, duelo que el pueblo no olvida. Fue el día en el que culminaron una serie de delitos que podrían ser considerados de lesa humanidad, atroces, inhumanos, ataques sistemáticos en contra de la población civil, embestidas ejecutadas desde el Gobierno de México en contra de estudiantes. Estas se extendieron durante varios meses y se caracterizaron por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales realizadas durante este período, y por la planificación detallada y un alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Se puede calificar como genocidio.

La masacre fue planeada y puesta en marcha por el Ejecutivo Federal, Gustavo Díaz Ordaz y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, portadores de un guante blanco como identificación, que se arrojó en contra de una concentración masiva y pacífica de jóvenes, argumentando que su objetivo era custodiar la seguridad de los Juegos Olímpicos mediante la puesta en marcha de la “Operación Galeana”, cuyo fin era detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, dirección colegiada de estudiantes y docentes de la UNAM, Colegio de México, Universidad Iberoamericana, Politécnico Nacional y otras universidades y escuelas de la CDMX y del País. La represión fue sangrienta y aunque no hay certeza, se calcula que hubo más de 350 muertos y los detenidos en el Campo Militar Número Uno, lugar de terror y tortura; los muertos llegaron a dos mil (revista “¿Como Ves?”, UNAM, No. 239, “Mexico 68, un legado que perdura”), inaceptable. Era un movimiento con muy claros objetivos, una movilización pacífica, que no se proponía más que el cumplimiento de la legalidad.

Las banderas de los estudiantes eran en resumen: estricto respeto a la ley, apertura democrática y respeto a las libertades políticas y aunque usted no lo crea son derechos que en diversas regiones del País siguen sin cumplirse. Aunque muchos mexicanos creen que vivimos en un país democrático, la verdad es que los abusos, la violencia y la corrupción por parte de la clase política siguen presentes. Un ejemplo evidente lo estamos viviendo en Coahuila con el reciente desalojo del plantón de pensionados y trabajadores de la educación pública del Estado de Coahuila de la Sección 38 del SNTE, Universidad Autónoma de Coahuila y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que durante más de cuatro meses solicitaron diálogo con el Gobierno del Estado y que fueron engañados al instalar mesas deliberativas para realizar diagnósticos y propuestas de solución a las instituciones que conforman la Sección 38 del SNTE, mesas que fueron canceladas sin explicación alguna.

En el desalojo, Gustavo García Torres fue arrestado esposado y recluido en la cárcel municipal acusado de alterar el orden público y del absurdo de pretender dinamitar el palacio de Gobierno. Su ilegal detención se prolongó por más de 20 horas y fue liberado gracias a la fuerte presión de los maestros jubilados y activos que cerraron calles y detuvieron la circulación vehicular hasta lograr su libertad, exigiendo que deje de ser acosado, que cese la represión de la que somos objeto y ante la incapacidad del Gobernador de solucionar la problemática creada por ellos y la Sección 38, que deje de recurrir a la violencia y que respete nuestros derechos civiles, sociales y políticos.

Mas las acciones represivas del Gobierno no se detuvieron. La Coalición de los Trabajadores de la Educación había acordado reunirse la tarde el día 21 de septiembre para informar sobre la situación que prevalecía después del desalojo, pero las fuerzas de seguridad policiales cercaron toda el zona, la plaza de la Nueva Tlaxcala, el Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas, aún el paso de personas era vigilado, algo totalmente inusual, los presentes calcularon que probablemente en el área había 500 elementos policiacos, con perros, patrullas y camionetas, hechos nunca vistos en la ciudad, es en realidad un Estado de sitio carente de las reglas legales en el que éste debe darse.

Resultan realmente sorprendentes las medidas dictadas por MARS, ¿le tiene miedo a un grupo de maestros pensionados y jubilados, adultos mayores que lo único que han hecho es exigir que se cumpla la ley y se reconozcan y sean vigente sus derechos? La intolerancia del Gobernador es irracional y demencial.

Por estos hechos ominosos, mañana más de 20 organizaciones sociales y sindicatos realizarán una magna manifestación para exigir la apertura y liberación de las plazas públicas porque con ello se limita los derechos ciudadanos a la libertad de expresión y reunión pacífica y libre tránsito. Riquelme, alto a la represión y a la violencia contra los coahuilenses. Alto o renuncia.