El aborto: voces alternas

Opinión
/ 19 septiembre 2021
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Coahuila avanza en la liberación inmediata de un número aún indeterminado de mujeres encarceladas o en proceso por esta causa

Una tormenta de arena en pleno Coahuila parece ser el resultado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros invalidaron los artículos 195 y 196 del Código Penal coahuilense que asigna de uno a tres años de cárcel, tanto a la mujer que aborte, como a quien con su consentimiento, le hiciere abortar.

Y con esto, Coahuila avanza en la liberación inmediata de un número aún indeterminado de mujeres encarceladas o en proceso por esta causa, algo difícil de resolver con agilidad, ya que algunas mujeres fueron ingresadas por el delito de “homicidio en razón de parentesco”, es decir, por el asesinato de un familiar. Así, comienza una revisión compleja.

Esta sola resolución de la SCJN trae inferencias riesgosas, que se pueden llevar a otros planos. Sin embargo, lo que se resolvió es la inconstitucional de penalizar a las mujeres que se realicen abortos y a quienes les ayuden para lograr su objetivo.

El pronunciamiento de los ministros de la SCJN, mereció la celebración del Alto Comisionado en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),Guillermo Fernández-Maldonado, quien además hizo un llamado para que este criterio se aplique en todo el territorio nacional y que ninguna mujer vuelva a ser criminalizada por esta causa. Ello de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

También se sumaron a este saludo por la decisión, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). Estas resoluciones son resultado, se quiera o no, del trabajo de organizaciones de la sociedad civil, defensoras, colectivas y activistas.

Por si fuera poco, esta tormenta que salió a la luz durante los primeros días de septiembre, fue avivada por los vientos que generó el pronunciamiento unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional el que se reconozca el derecho a la vida desde “el momento en que un individuo es concebido”, como lo hace la Constitución de Sinaloa. Así, tanto Coahuila como Sinaloa han sido invalidadas en disposiciones legales.

Otra categoría incluida que levantó escozor, fue el arropar en estas disposiciones, no solo alas mujeres, sino a las personas gestantes. Esta adición es inclusiva en el sentido de que considera por ejemplo, a mujeres que no se asumen dentro del sistema binario, ya sea por la violencia ejercida, por el patrón inamovible a la que se obliga desde religiones organizadas, o por su elección de preferir mujeres, por citar algunas circunstancias, aún y cuando hay otras más complejas que requerirían un tratado biológico-cultural que genera nuevas mezclas.

Y así es el escenario actual, en el que solo en cuatro de las 32 entidades mexicanas, es permitida legalmente la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación, sin importar qué razones lleven a tomar esta decisión: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

En el contexto americano, los países con disposiciones legales de alta restricción sobre el aborto -y que solo lo despenalizan en caso de que la vida de la mujer o su salud se vean en riesgo-, son: Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica.

Las facciones conservadoras y las facciones liberales seguirán en tensión ante una realidad que no se irá y es clara: algunas mujeres abortan en situaciones de clandestinidad o de legalidad. Y en esta realidad, los juicios morales de otras y otros han quedado en segundo plano, debido a la resolución de la SCJN que abre el paso a los derechos de cada mujer y persona gestante para decidir sobre su propio cuerpo, un cuerpo sobre el que simbólicamente, desde la antigüedad, todos opinan y se adjudican un pedazo.

Como corolario, si bien, históricamente existe una carga de juicio moral asignada a quienes abortan, hay un asunto igualmente complejo en términos morales que se relaciona tangencialmente con este tema: es el de aquellos niños y niñas no deseados que engrosan las filas de orfanatos, muchos de ellos en riesgo de su integridad física y sexual, pues algunos se convierten en víctimas de instituciones civiles y religiosas en las que se han presentado casos de abusos, documentados históricamente. Este es otro tema complejo que merece un espacio aparte.

¿Seguirá avanzando nuestro país en la defensa de los derechos humanos, o encarnará a un estado laico vacilante, ante grupos religiosos? Veamos qué catervas jalan más cuerda.

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