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El decretazo: ¿Tu proyecto o el mío?

Opinión
/ 26 noviembre 2021
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La noche del 22 de noviembre será inolvidable para la historia política del País: Esa noche, de luna gibosa menguante bajo el signo de Cáncer, AMLO emitió “un decreto que obliga a todas las dependencias federales a aprobar los proyectos del Gobierno por ser prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Justifica su decreto en el artículo primero constitucional, “que declara de interés público y de seguridad nacional todos los proyectos u obras que continúen a cargo del Gobierno federal. Como los asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos.

Bajo este decreto, ¿a qué están obligadas las dependencias de la administración pública federal? El artículo segundo precisa: estas deberán otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras (antes descritas), dejando de lado procesos (de impacto) ambientales y de viabilidad, entre otros. La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.

Este decreto confirma una tendencia creciente en la gestión amloista, su falta de transparencia y rendición de cuentas.

En “2019, primer año del gobierno de AMLO, las adjudicaciones directas sin licitación pasaron de 35 por ciento (2018) a 39 por ciento” (IMCO). En 2020, ese gobierno realizó “adjudicaciones directas por 43.3 por ciento” (IMCO). Con estas cifras, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió “que entre 2018 y 2020 (había aumentado) el riesgo de corrupción en 59 por ciento de las instituciones federales”. En 2021, esa tendencia no decayó: sólo “en el primer semestre de 2021, el 80.6 por ciento del total de contratos del Gobierno fueron por adjudicación directa”.

Hoy con el decretazo –llamado así, por sus alcances– el Gobierno federal alcanzará el 100 por ciento en la adjudicación directa de sus contratos. Para ello, AMLO desaparece las estructuras burocráticas que, a su humilde parecer, frenaban el avance de su 4T. Sin embargo, lo que AMLO hizo fue reafirmar aquel mantra dicho el 6 de septiembre de 2006: “Al diablo con sus instituciones”.

El decretazo da absoluta libertad al Ejecutivo al desaparecer toda legislación y normatividad e impedir una transparencia y rendición de cuentas mínimas.

Ahora, ¿quién podrá denunciar la opacidad de las contrataciones y de las adjudicaciones directas sin atentar contra “la seguridad nacional”? ¿Quién podrá denunciar por corrupción, opacidad o falta de rendición de cuentas a las Fuerzas Armadas; principales beneficiarias de los megaproyectos de la 4T? ¿De qué maneras este decreto favorece la militarización del País y refuerza la solidificación de un Estado militar dentro del Estado civil? ¿Cómo nos protegeremos ahora de los excesos del poder del Estado mexicano cuando este decreto viole nuestras garantías individuales y derechos humanos?

¿Podrá el próximo Presidente de la República –sin importar género o partido político– gobernar nuestro país sin restricciones o presiones de los militares?

Ahora queda claro, el mensaje del secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, cuando en la celebración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, hizo un llamado a los mexicanos para unirnos en torno “al proyecto de nación que está en marcha”.

Las preguntas son: ¿Cuál proyecto de nación?, ¿el suyo o el de la 4T?

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