El manoseo

La construcción del Tren Maya sigue enredándose por la polémica e insuficientemente sustentada decisión del presidente de utilizar el concepto de seguridad nacional para violentar la legalidad.

En el origen está la decisión de un grupo de ciudadanos y grupos de ambientalistas de ejercer derechos constitucionales y recurrir a los jueces para inconformarse con la construcción del Tren Maya. Un juez federal les ha dado la razón en varias ocasiones y ordenó la suspensión de la construcción del tramo 5. El Presidente reaccionó informando, sin dar detalles, que el Consejo de Seguridad Nacional decidió que esa construcción es “una obra de seguridad nacional”. Revisaré el hecho desde varios enfoques complementarios.

En primer lugar está el encontronazo entre el poder ejecutivo y judicial. El juez federal informó antier que la suspensión sigue en pie aunque le está haciendo algunos ajustes. A reserva de saber en qué consisten, es posible que el presidente esté incurriendo en un desacato judicial que abre la posibilidad de que se finquen responsabilidades penales contra algunos funcionarios.

Tenemos después el choque de relatos. Mientras los opositores cuentan con el poderoso argumento de que la legalidad arropa su alegato sobre la destrucción ambiental causada por el Tren Maya, el presidente utiliza la mañanera para descalificarlos con acusaciones que no demuestra. En la mañanera del 19 de julio tachó a quienes solicitaron el amparo de “corruptos y pseudoambientalistas”; y en la del 25 subió la apuesta llamándolos “grupo político opositor” encabezado por Claudio X. González y los acusó de estar “financiados por Estados Unidos”.

El tercer enfoque se asocia con los usos del concepto de seguridad nacional. Durante una época de nuestra historia adquirió una pésima reputación porque fue usado para reprimir y violar derechos humanos. Esa etapa pareciera haberse superado con la aprobación, en 2005, de la Ley de Seguridad Nacional. Aunque el actual gobierno le ha hecho diversos ajustes, mantiene intacta la base doctrinaria: esta ley se compromete a respetar los “derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales” y a la “transparencia”. Al violar un amparo otorgado por un juez a un grupo de ciudadanos y organizaciones, el presidente López Obrador está violando la norma jurídica.

Como mencionaba anteriormente, el presidente dice que “no hay ningún problema legal” porque así lo decidió el Consejo de Seguridad Nacional incluido en la ley de 2005. Desafortunadamente, el presidente ha optado por las ambigüedades. En ningún momento ha dicho cuándo se reunió dicho consejo, qué razones dio para considerar que la construcción de un tren es un asunto de seguridad nacional ni tampoco cuántos titulares de las diez dependencias federales que lo integran estuvieron físicamente presentes (así lo exige la norma). Esto último se asocia con las elecciones de 2024 porque hay dos aspirantes de Morena a la presidencia que forman parte del consejo, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, y valdría la pena saber si votaron a favor de esa decisión.

El asunto se complica por la ausencia del Congreso de la Unión. En la Ley se dice que “las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicamaral integrada por 3 senadores y 3 diputados”. Según me dicen fuentes bien informadas, se trata de una instancia fantasmal que no ha funcionado durante este sexenio porque así lo ha querido Morena, el partido que la preside y que tiene tres votos, y porque uno de los representantes del PAN, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, tiene otras prioridades (la principal, evitar la prisión).

Esta relación de razones y hechos me lleva a concluir que el presidente Andrés Manuel López Obrador está manoseando el concepto de seguridad nacional, en lugar de respetar las leyes y fundamentar sus decisiones con hechos verificables, opta por imponer sus opiniones e intuiciones invocando la seguridad. Enfrentamos, una vez más, la decisión autoritaria de un presidente que, en lugar de fundamentar y convencer, ordena. Como antes.

Agradezco a María Marván la conversación.

@sergioaguayo

Colaboró Dulce Alicia Torres Hernández.