Impunidad, educación y constitución.

Una sociedad sostenible es una promesa de felicidad. Convertir la promesa en realidad requiere varios factores que hemos mencionado anteriormente: Una constitución que alinee los derechos fundamentales a los derechos humanos, ciudadanos incluyentes con igualdad de oportunidades, un mercado que incremente el poder adquisitivo por encima de los niveles de cualquier tipo de pobreza, prensa libre, capacidad de escoger compromisos con otras sociedades, una participación ciudadana que trascienda el voto y la educación en el sentido más amplio de la palabra.

La construcción de una sociedad sostenible empieza por tener reglas claras y ordenadas en una constitución accesible que prevenga o penalice el incumplimiento de sus reglas para asegurar el estado de derecho. La constitución mexicana está entre las que más derechos ofrece, más palabras usa, menos valor por derecho crea y como veremos, también está entre las que menos se acata. Lo anterior se manifiesta en lo que posiblemente es el mayor cáncer de nuestra sociedad: La impunidad.

Desde 2015 es posible medir la impunidad de cada país en forma comparada con la creación de un índice global de impunidad (IGI)*. El IGI integra las variables potenciales que miden la “cadena de impunidad” para entender problemas de desempeño en la estructura (diseño institucional y capacidad instalada), funcionamiento (operación efectiva y resultados), de los sistemas de seguridad y justicia, así como la existencia de violaciones a los derechos humanos. Para muestra un botón: Los magistrados y jueces estatales por cada cien mil habitantes suman 3.6 en México vs 16 en el ámbito global.

La gran pregunta es si un país capturado por altos niveles de impunidad puede reformarse a sí mismo. Uno de los elementos que mayor correlación tiene con la impunidad es el nivel educativo de la sociedad como se aprecia en la siguiente gráfica**. A mayor educación, menor impunidad. Sin embargo, la duda persiste porque la educación puede ser un antídoto contra la impunidad mas no un remedio. Es decir, una sociedad educada genera menor impunidad; pero cuando se carece de ella, la impunidad no se logra con la educación. Se requiere otro tipo de condiciones de vida, mecanismos internacionales o incluso de constituciones moralizantes que aseguren una implantación leal de las reglas que rigen el comportamiento social.

Querido lector, el próximo 5 de febrero celebremos nuestro compromiso por hacer de nuestra constitución un instrumento claro, conciso, respetado y útil para disminuir la impunidad; mientras nuestra educación vuelva a imaginar nuestro futuro.

Agarren viada.

*El IGI toma como punto de partida la definición de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Informe de Diane Orentlicher, en este sentido, la impunidad supone “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

** La gráfica comprende países del OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) que cuentan con el IGI más tres países invitados.