Juicio en Boston

Es urgente extirpar el derrotismo y frenar la llegada a México cada año de 500 mil armas ilegales desde Estados Unidos. Los criminales se empoderan con ellas y las utilizan para intimidarnos, extorsionarnos y asesinarnos.

En agosto de este año, el Gobierno de México demandó en un juzgado de Boston a once fabricantes de armas y un gran distribuidor. El lunes 22 responderán las empresas, el 31 de enero de 2022 México hará la réplica y el 28 de febrero tocará el turno de la contrarréplica a las empresas. Después de eso, un juez federal decidirá si acepta o no la demanda.

Carlos Pérez Ricart, Eugenio Weigend Vargas y Raúl Zepeda Gil publicaron en Nexos un texto con los ingredientes centrales del caso. Parten de dos verdades que comparto: las “armas estadounidenses” son una de las principales causas de la “epidemia criminal que vive México” y “la demanda es audaz y original”. Luego, pronostican que “es improbable que prospere”. Es cierto, será difícil cruzar la aduana, pero no imposible.

La Segunda Enmienda de la constitución de Estados Unidos permite a sus ciudadanos adquirir, poseer y portar armas. La industria armamentista está blindada por una ley que prohíbe, salvo limitadas excepciones, las demandas civiles. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) es una organización con una influencia enorme. La demanda argumenta que esa limitación no afecta a un Gobierno extranjero y tampoco ataca la Segunda Enmienda sino “las conductas negligentes y/o ilegales” de las empresas.

México seleccionó bien a sus litigantes. Uno de ellos, Jonathan Lowy, egresó con honores magna cum laude de la Facultad de Derecho de Harvard. Tiene 30 años de experiencia y es el abogado principal del Brady Center to Prevent Gun Violence (organización especializada en buscar controlar las armas). Lowy y su equipo eligieron la capital de Massachusetts, Boston, para presentar la demanda porque en esa entidad está la sede de algunas fábricas y de la empresa distribuidora de armas. El juez seleccionado, Dennis Saylor, es conservador, pero ha mostrado su disposición a limitar la Segunda Enmienda. En 2017 falló a favor de los condados de Boston y Brookline que impusieron límites a la portación de armas.

Lo más importante es el cambio de actitud del Gobierno mexicano. Desde hace bastantes años estudio este problema y participo en actividades concretas. En 2014 Desarma México –de la cual formo parte– presentó una demanda ante la PGR (ahora FGR) contra los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón que autorizaron el operativo Rápido y Furioso en el que introdujeron al país un cargamento de rifles de asalto para seguirles el rastro, pero se les perdió. La demanda está en curso. Durante estos años he constatado la fuerza de las negaciones estadounidenses –rara vez hablan del contrabando– y del derrotismo mexicano.

Estuve entre los sorprendidos con la demanda coordinada por el diplomático de carrera Alejandro Celorio, actual consejero jurídico de la cancillería. La semana pasada me reuní con él y su equipo. Es un grupo de jóvenes entusiastas, comprometidos y conocedores de las dificultades del caso. Se enfrentan a poderosos fabricantes y vendedores de armas, a gobiernos proclives al escepticismo y a sociedades mal informadas. La iniciativa tiene a su favor el haber sido pensada con la lógica del litigio estratégico: es importante el desenlace, sí, pero también un recorrido que puede transformar los términos del debate.

Todo problema se eterniza cuando se empantana en la indiferencia y el silencio, es por ello que debemos utilizar esta demanda para difundir en Estados Unidos el enorme costo social que México paga por las armas que nos llegan de contrabando aprovechando la negligencia de las empresas y la debilidad de Washington en el tema. Al mismo tiempo tenemos que insistir en México sobre los méritos de ir a tribunales en Estados Unidos a defender el interés nacional.

La demanda se empalmará con las turbulentas aguas de la sucesión presidencial de México y Estados Unidos de 2024. Pero no nos adelantemos. Quedémonos en que la demanda contra los mercaderes de armas trasciende nuestras diferencias; es un asunto de seguridad nacional. Para reducir la violencia tenemos que reducir el suministro de material bélico que les llega, sin frenos, a los criminales.

@sergioaguayo

Colaboraron Anuar Israel Ortega Galindo y Sergio Huesca Villeda