Juzgar con perspectiva de no impunidad

La Constitución establece que el proceso penal tiene por objeto, entre otras garantías, la no impunidad: los jueces tenemos la obligación de procurar que el culpable no quede impune. Es decir, las personas tienen derecho a un juicio justo para proteger su inocencia. La víctima, por el contrario, tiene derecho a que el responsable de un delito se le imponga la pena que merezca en forma proporcional.

En el drama penal, en efecto, existen intereses en conflicto. Por un lado, el imputado pretende que el juez garantice su libertad, mientras que, por el otro, la víctima busca la imposición de la pena justa.

La Sala Colegiada Penal de Coahuila resolvió un asunto que implica un precedente local en perspectiva de no impunidad. En los estándares internacionales e interamericanos, la impunidad se define como la “inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

La Corte IDH, por ejemplo, ha declarado la nulidad de leyes que impiden la sanción de violaciones graves de derechos humanos. En Argentina, las leyes de punto final y obediencia debida implicaban acuerdos políticos de impunidad: se declaraban prescritas las acciones penales que no se persiguieron durante el tiempo de la dictadura. Era obvio. Los del régimen del pasado nunca se iban a perseguir. Luego si una ley posterior los beneficiaba, después de restaurado el régimen democrático, es claro que las víctimas tienen derecho a exigir justicia para que no queden impunes los delitos de lesa humanidad.

Esta perspectiva de no impunidad, igualmente, se encuentra desarrollada en diferentes principios internacionales que exigen que los plazos de la prescripción de la acción penal no corren cuando las víctimas no tienen derecho a un recurso judicial efectivo. Luego un responsable de un delito no puede beneficiarse con la libertad cuando existe una situación de impunidad.

A partir de esta doctrina internacional, resolvimos que una acción penal, en forma excepcional, no debe quedar prescrita por la aplicación de una ley posterior favorable en materia de prescripción. ¿Por qué? En el caso se advirtió un contexto de impunidad: la fiscalía no actúo en forma diligente para buscar, localizar y detener a la persona sentenciada.

Los hechos son los siguientes. Una persona fue llevada a juicio por un delito de fraticidio. Luego de dictarse una condena de prisión se fugo. La autoridad ministerial en ningún momento demostró una debida diligencia para detener al prófugo de la justicia. La ley penal, sin embargo, se reformó para reducir los plazos de la prescripción. Esa situación benefició al sentenciado porque el juez, de oficio, aplico de manera más favorable la ley posterior y dejo en libertad a la persona responsable del homicidio, dejando prácticamente impune el castigo de prisión impuesto por el juez.

El Tribunal Penal, en apelación, consideró que la prescripción de la acción penal no era procedente. Si bien, por regla general, todo sentenciado tiene derecho a beneficiarse de una ley posterior que le genere una situación más favorable, también lo es que dicha aplicación, a juicio del tribunal, debe hacerse en condiciones de igualdad, sin contextos de impunidad.

La ley penal aplicable a un juicio, por regla general, es la previa al hecho. La ley posterior, por regla general, no debe prejudicar a nadie. En igualdad, tanto el sentenciado como la víctima están sujetos a la ley previa. Pero si una ley posterior en materia de prescripción de la sanción se aplica en perjuicio del derecho de la víctima para procurar la no impunidad del delito, tenemos el dilema de qué ley aplicar: si la anterior o la posterior.

En forma tradicional, el juez proderechos del imputado es claro que optará por la ley posterior que beneficia la libertad. Pero si miramos el caso con perspectiva de no impunidad, el derecho a proteger se inclina a favor de la víctima para evitar la impunidad del delito por la falta de debida diligencia de la fiscalía para buscar, localizar y detener al responsable del delito.

PONDERACIÓN DE DERECHOS

El sentenciado tiene derecho a tener certeza de su libertad para evitar una persecución indefinida de la acción de la justicia. La víctima, sin embargo, tiene derecho a que, con certeza, se aplique la ley anterior para perseguir el delito para evitar la impunidad.

En la sentencia hicimos un test de ponderación de derechos en conflicto entre la víctima y el responsable del delito. Decidimos aplicar la ley anterior a fin de no dejar impune el delito, porque la fiscalía no actúo en forma debida.