La Corte ha fallado. Toca actuar ahora al Congreso

Opinión
/ 8 septiembre 2021
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La SCJN decidió ayer declarar inconstitucional la criminalización absoluta del aborto. El Congreso de Coahuila debe ahora desarrollar la normatividad que regulará el aborto

Ayer se concretó la decisión que anticipaba el debate registrado el lunes anterior en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: los integrantes del máximo tribunal del País votaron −de forma unánime− por declarar inconstitucional la criminalización absoluta
del aborto, tal como aparecía en el Código Penal
de Coahuila.

Como se ha dicho repetidamente en las últimas horas, se trata de una decisión histórica porque es la primera ocasión en la cual nuestra Suprema Corte se pronuncia en torno a uno de los elementos más controversiales del debate en torno al aborto y que implica determinar −desde la perspectiva del Derecho− si desde
el momento en que un espermatozoide y un óvulo se unen
estamos en la presencia de una persona o no.

Al respecto, la posición de los jueces constitucionales fue unívoca: “el producto de la gestación merece una protección que incrementa con el tiempo, a medida que avanza el embarazo. Sin embargo... esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva”.

A partir de esta premisa, el pleno de la Corte determinó que “es inconstitucional criminalizar el aborto de forma absoluta”.

¿Qué implicaciones tiene y tendrá esta decisión judicial en el diseño de la legislación que −en los estados de la República y a nivel federal− está orientada a proteger la integridad de las personas y la vida humana? Ese es justamente el debate que sigue.

Porque lo que ha hecho la SCJN es sólo aquello que los tribunales constitucionales pueden hacer: precisar los límites a los cuales deben sujetarse los cuerpos legislativos para establecer las normas que permiten, prohíben, protegen o castigan conductas humanas.

En otras palabras, lo que la Corte hizo ayer fue “expulsar” del sistema normativo de Coahuila −y generar un criterio obligatorio para el resto del País− una fórmula que convertía en delincuentes a las mujeres que decidieran interrumpir un proceso de gestación.

La Corte, sin embargo, no tiene facultades para colocar otra norma en lugar de la que eliminó. Eso le corresponde al Poder Legislativo y por ello es que ahora el Congreso de Coahuila −uno que cuenta con una histórica mayoría femenina− debe asumir la responsabilidad de reformar la legislación local para armonizarla con la determinación de los jueces constitucionales.

Y no se trata simplemente de reformar el Código Penal, sino de adecuar otras normas, como la propia Constitución local y Ley Estatal de Salud, por mencionar dos ejemplos, para establecer las reglas y condiciones puntuales
a partir de las cuales el aborto será un derecho.

Es de esperarse que, en este sentido, el Poder Legislativo de Coahuila asuma una posición proactiva y se disponga a propiciar una discusión amplia y seria en relación con el proceso a que obliga la decisión de ayer.