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La Fiscalía y el Poder Judicial, les dan la espalda a las víctimas de desaparición y sus familias

Opinión
/ 1 noviembre 2021
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Si Coahuila presumía avances en la construcción de políticas públicas en temas de derechos humanos y, particularmente, en reconocer derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, hoy el Estado –entendido como el sistema de instituciones– da un paso atrás.

Esta semana, el Poder Judicial de Coahuila rechazó el proyecto de sentencia para reconocer la inconstitucionalidad que se cometió al eliminar la Unidad de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General del Estado.

Hay que recordar que fue en mayo pasado que el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, decidió desaparecer la Unidad de Búsqueda de la Fiscalía de la Ley Orgánica por considerar que había una duplicidad de funciones con la Comisión de Búsqueda de Personas, lo anterior sin hacer ningún tipo de consulta con las familias de personas desaparecidas.

Y el 27 de octubre se citó a sesión del pleno del Tribunal Constitucional del Estado para discutir el proyecto sobre la acción de inconstitucionalidad, misma que fue solicitada por los colectivos de familiares de personas desaparecidas a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, el magistrado instructor a cargo fue Luis Efrén Ríos Vega.

En un comunicado, firmado por 39 colectivos de Coahuila y México, así como familiares, expertos y organizaciones civiles, explican que el pasado 1 de septiembre se abrió el ejercicio de “justicia participativa” mediante el cual comunicaba a los interesados la solicitud para recibir amicus curiae y fijaba la fecha del lunes 20 de septiembre para la audiencia del mismo fin. Se presentaron varios amicus curiae, entre estos el firmado por 52 colectivos de familiares de Coahuila y de diversos estados de la República, cuatro organizaciones de la sociedad civil y 171 familiares de víctimas en lo individual y expertos en derechos humanos, quienes aportaron conocimiento y experiencia para brindar información valiosa a los magistrados para que supieran cómo operaba la Fiscalía con la unidad y la Fiscalía Especializada; las dificultades, retos de coordinación y particularmente el error que representaría eliminar la Unidad sin garantizar la operatividad de la búsqueda inmediata.

Pese a toda esa información, nueve magistrados, entre los que se encuentran el exprocurador Homero Ramos Gloria y el exsubprocurador de Desaparecidos, Juan José Yáñez Arreola, rechazaron el proyecto de inconstitucionalidad.

No hay nada más claro que lo que expresan las familias en el comunicado: “la eliminación de la Unidad de Búsqueda de la Fiscalía no es el fondo, sino la forma y pretexto para no hacer cambios profundos en la Procuración de Justicia, mantener la postura de deslindarse de la responsabilidad de buscar la justicia y la verdad, lo cual pasa irrenunciablemente por localizar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas. Es una forma de mantener a los desaparecidos en una eterna desprotección para que no hablen, para que no señalen, para que no prueben la complicidad y la corrupción de las autoridades”.

AL TIRO

La noticia alcanzó a la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH), que expresó su preocupación por las determinaciones adoptadas que “socavan la publicidad, apertura, transparencia y participación en los procesos judiciales”, y consideró fundamente que la Fiscalía del Estado “siga colaborando en las tareas de búsqueda y se honren los principios de publicidad judicial y no regresión en materia de Derechos Humanos”.

Las familias y colectivos exponen bien el problema: la Ley General y la Ley Estatal en materia de desaparición no dotaron de funciones ministeriales a la Comisión de Búsqueda, por lo que esta institucionalidad se verá obligada a coordinarse para las búsquedas con la Fiscalía Especializada que, además de estar colapsada, no tiene facultades para solicitar directamente al juez de control diligencias básicas como la sábana de llamadas y la georeferenciación telefónica, esenciales en la investigación, entre otras tantas acciones necesarias para la búsqueda”.

La Comisión Estatal de Búsqueda, por cierto, tuvo apenas un presupuesto de 11.1 millones de pesos para este año.

“Que la Fiscalía considere que existe una duplicidad de funciones con la Comisión de Búsqueda representa un deslinde de responsabilidades de la Fiscalía para buscar de forma inmediata a las personas, negando el derecho de toda persona a no ser desaparecida y a ser buscada si te desaparecen (donde la Fiscalía de Desaparecidos ha sido corresponsable en varias de las desapariciones en nuestro Estado)”, dice otra parte del comunicado de las familias.

Tan sólo en lo que va de la administración del gobernador Miguel Riquelme, y también de su fiscal Gerardo Márquez, hay 314 personas desaparecidas y no localizadas en Coahuila, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); un promedio de entre 6 y 7 personas desaparecidas cada mes.

A esas personas desaparecidas y a sus familias, así como a las más de 3 mil que se acumulan en el histórico, la Fiscalía y el Poder Judicial les volteó la cara.

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