Las adicciones:
riesgo para menores de edad

Las adicciones, todas, representan riesgos para la salud –la física y la emocional– y por ello debemos mantener una posición permanente de contención hacia ellas. En particular es necesario tener clara la obligación que todos tenemos de prevenir que los menores de edad caigan en ellas.

Mantener a nuestros hijos alejados de estas actividades forma parte de nuestra responsabilidad de formarles para la vida, pero también implica una obligación legal, pues tenemos el deber de garantizar su sano desarrollo hasta el momento en el cual puedan tomar decisiones por ellos mismos.

Por otro lado, participar en el combate a las adicciones constituye la aportación que estamos convocados a realizar en pro de la salud pública, pues los problemas que derivan de aquellas representan un altísimo costo económico que todos, al final, debemos pagar.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición relativo a la detección que han hecho padres de familia saltillenses, de que en las escuelas a las que acuden sus hijos se comercia con vapeadores, lo cual está alentando la práctica del “vapeo” entre menores.

Que tales dispositivos estén legalmente prohibidos en México es el menor de los problemas en este caso. Lo que debe alarmarnos a todos es la existencia de una cadena de comercio que no puede existir sino a partir de la participación de personas adultas.

¿Cómo llegan los cigarros electrónicos a manos de los menores que los comercializan entre sus compañeros de escuela? Imaginar la respuesta no es muy difícil: a través de quienes los importan y los distribuyen en territorio nacional y han perdido todo escrúpulo como para involucrar a niños en sus “redes de distribución”.

Es probable también, desde luego, que en algunos casos los dispositivos sean tomados por los niños en sus casas y luego los utilicen con sus compañeros para “experimentar” el vapeo. Pero si la práctica se ha vuelto común, es difícil que un menor la esté realizando a partir de lo que encuentra en su casa.

De cualquier forma, en todos los casos hay al menos una persona adulta que, por acción o por omisión, está contribuyendo a que esta práctica se desarrolle en las escuelas de nuestra ciudad, tal como ocurren otras relacionadas con el consumo de alcohol, cigarrillos o drogas por parte de menores.

¿Resulta excesivamente complejo para las autoridades investigar estos hechos y someter a los responsables a los procedimientos judiciales que prevén nuestras leyes? ¿No podría, por ejemplo, implementarse estrategias de cooperación entre policías, investigadores, autoridades educativas y profesores para atajar rápidamente el fenómeno?

Si la respuesta a estas preguntas es que no existe la capacidad para implementar estrategias de este tipo, no solamente estaríamos ante una muestra suprema de incompetencia, sino ante un hecho francamente perturbador: la admisión de que nuestros hijos se encuentran absolutamente indefensos ante cualquier intento de involucrarlos en actividades perjudiciales para su desarrollo, incluso en sus propias escuelas.