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Legalizar autos chocolate, una mala idea

Opinión
/ 15 octubre 2021
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Coahuila, como uno de los estados con mayor relevancia en el sector automotriz, sería de los principales afectados

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantara en su conferencia matutina de este miércoles que el fin de semana estará emitiendo un decreto para regularizar los autos “chocolate”, no ha habido alguna voz ajena el Gobierno federal que respalde esta decisión.

Prácticamente todos los actores involucrados en el sector automotriz han advertido de los severos riesgos que se corren si prospera este planteamiento del Presidente.

Coahuila, como uno de los estados con mayor relevancia en el sector automotriz, sería de los principales afectados.

Javier Díaz, administrador fiscal general del Estado, así como Antonio Serrano, uno de los economistas más reconocidos de la entidad, han advertido distintos efectos adversos para la entidad, principalmente en la Región Sureste.

“El gobernador Miguel Riquelme se ha expresado en varias ocasiones sobre este asunto. Coahuila tiene una industria automotriz, sobre todo en la Región Sureste, bastante fuerte, y estamos en contra de la regularización porque esta industria automotriz genera un gran empleo en el estado, genera impuestos estatales y federales”, dijo Díaz ayer como parte de la postura oficial del Estado ante este planteamiento federal.

Por su parte, el economista Serrano alertó de efectos desde diversas aristas de la vida pública. En materia de finanzas públicas, el Estado tendría una menor recaudación. En el rubro de medio ambiente, traer vehículos con cierta antigüedad generará mayor contaminación; además que al crecer el parque vehicular, se demandará una mayor infraestructura vial. En materia económica, estos vehículos generarían competencia con un segmento nacional, principalmente de segunda mano, que se ubica en precios de 120 mil pesos o menos.

No sólo las voces coahuilenses han advertido que este planteamiento no parece una buena idea.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha cuestionado que un decreto en esta sintonía implicaría un apoyo para las “mafias”, en detrimento de los sectores económicos formales.

“Estamos en contra de la legalización del contrabando, esto sólo ayudará a las mafias que se benefician con este delito con el pretexto de ayudar a las familias necesitadas. No conocemos los términos del decreto que firmará el Presidente, y a pesar de que ofreció una convocatoria a nuestro sector para recoger las mejores prácticas normativas, no fuimos convocados, ni para colaborar y opinar”, dijo Guillermo Rosales, director general de la AMDA.

Si bien López Obrador ha afirmado que el “corazón” de su propuesta es apoyar a las familias más necesitadas que no pueden acceder a un vehículo nuevo, esto golpearía a un sector económico que sigue resintiendo los efectos colaterales de la pandemia.

El sector automotriz tan solo en 2020, un año oscuro económicamente por la pandemia, representó el 3.5 por ciento de la actividad económica en el país, generando más de 2 millones de empleos tanto directos como indirectos.

Por todo ello, una decisión como la planteada por el Presidente debiera de analizarse con mayor profundidad, considerando las voces de todos los actores, ya que los efectos pueden ser la puntilla para muchas empresas que siguen sorteando los efectos de la pandemia.

Y es que la historia nos dice que hace más de 15 años cuando alrededor de un millón de vehículos fueron traídos al país para regularizarse, esto no fue una buena idea. El sector automotriz desaceleró 30 por ciento, provocando el cierre de algunas empresas y la pérdida de empleos.

La situación en el país no está para causar un escenario similar.

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