Litigios por la propiedad de tierras, ¿una epidemia?

Opinión
/ 15 septiembre 2021
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La proliferación de casos de litigio por la propiedad de tierras que involucran bienes públicos apunta hacia la existencia de actos de corrupción que deberían ser investigados

Apenas ayer se comentó en este espacio el lamentable caso de litigio en el cual se ha visto envuelto el Museo del Desierto, debido a que adquirió un predio –en el municipio de Cuatro Ciénegas– de una persona que, de acuerdo con una sentencia judicial, no era legítima propietaria del mismo.

En la edición de hoy publicamos un nuevo caso que, en esencia, tiene las mismas características y ha dado origen a un conflicto que afecta un bien público. En este caso, la ampliación de la carretera que une a las capitales de Coahuila y Zacatecas.

De acuerdo con la información que publicamos hoy, un grupo de cinco personas, que afirma tener derechos de propiedad sobre una porción del terreno que se utilizaría para la ampliación de la citada vía, ha decidido impedir los trabajos en demanda de que se les indemnice.

El problema es que, previo a la adjudicación e inicio de la obra, debieron realizarse los proceso de adquisición o expropiación de los terrenos que resultarían afectados, lo cual implica pagar a los propietarios el monto correspondiente al valor de estos.

Y tal proceso se llevó a cabo. Pero cinco integrantes de la familia Cepeda, quienes hoy reclaman haber sido afectados por la obra, aseguran que el pago realizado por el predio denominado “El Parral” se hizo de forma incorrecta, es decir, se entregaron los recursos a personas que no son las propietarias reales.

Peor aún: los inconformes aseguran haber remitido comunicaciones, desde hace una década, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señalando que su propiedad sería afectada, pero no recibieron respuesta y por ello decidieron pasar a los hechos y detener la obra.

Serán las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas las que determinen, en definitiva, quién tiene la razón en este diferendo y ofrezcan una vía de solución que permita concretar la ampliación de la carretera.

En el camino, lo que seguramente quedará claro es que alguien no hizo correctamente su trabajo y eso, muy probablemente, acabará costándonos a los contribuyentes.

Y, tal como se comentó en el caso del predio adquirido por el MUDE, solamente se antojan dos explicaciones posibles para la situación actual: la negligencia o la corrupción.

Por ello, en este caso también debería ordenarse la realización de una investigación que determine la causa raíz del problema y sirva para iniciar los procedimientos sancionatorios correspondientes en contra de quienes, por acción o por omisión, provocaron el conflicto que hoy reseñamos.

No se trata, es necesario decirlo con claridad, de un asunto trivial sino de uno que implica el uso de recursos públicos de forma indebida. Y por ello, cualquiera que sea la causa debería de generar un precedente para evitar que este tipo de casos sigan ocurriendo.