Minimizar la violencia no hace que ésta desaparezca
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La ambivalencia discursiva es una de las estrategias más utilizadas por los políticos mexicanos. Tal fórmula consiste en emitir juicios contundentes para calificar la actuación de sus opositores, pero reclamar “prudencia” y “paciencia” cuando se trata de ellos, aunque los hechos sean exactamente los mismos.
La violencia que padece el País desde hace ya demasiado tiempo, y que implica que amplios sectores de la población se encuentren a merced de los delincuentes constituye uno de los ejemplos más evidentes de tal postura. Y lo ocurrido el domingo anterior en Michoacán, una muestra extrema de la irresponsabilidad con que se trata el tema.
Como se ha informado con profusión, un grupo de individuos armados habría ejecutado, a plena luz del día y en una calle céntrica del poblado de San José de Gracia, en Michoacán, a un grupo de personas cuyo número aún no había sido determinado al cierre de esta edición.
La noticia le dio la vuelta al mundo debido a que pobladores del lugar grabaron el momento en que ocurrieron los hechos y difundieron las imágenes. Ayer, el titular de la Fiscalía General de Michoacán, Adrián López Solís, reconoció que la dependencia a su cargo se enteró de lo ocurrido por los videos difundidos, una tres horas después de perpetrado el atentado.
Adicionalmente, el Fiscal se cuidó bien de “aclarar” que una de las presuntas víctimas sería un individuo quien, “de acuerdo con entrevistas recabadas, desde muy temprana edad esta persona era considerada como parte de una célula delincuencial que opera en esa zona del Estado”.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, deslizó ayer la posibilidad de que el hecho estuviera siendo magnificado –o manipulado– por los medios de comunicación porque, de acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía de Michoacán, no se localizó el cuerpo de ninguna víctima.
La evidencia que está a la vista de todos retrata una realidad muy clara: los delincuentes actuaron con absoluta impunidad en este caso y contaron con todo el tiempo del mundo para perpetrar los hechos e incluso “limpiar” la escena, levantar los cuerpos y llevárselos consigo.
La actitud de las autoridades estatales y federales pareciera tener como objetivo el minimizar los hechos, o “justificarlos”, porque estarían inspirados en rencillas entre individuos a quienes se ha catalogado como delincuentes.
Se trata exactamente de la misma actitud asumida al principio de la “guerra contra el narco” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, que convirtió a nuestro País en un cementerio y enlutó a miles de familias, muchas de las cuales siguen exigiendo al menos saber el paradero de sus seres queridos.
El problema de fondo sigue siendo el mismo: la incapacidad de las autoridades para frenar la impunidad de los criminales, incapacidad que, en casos extremos como éste, se traduce incluso en una intención de minimizar hechos que escandalizan al mundo entero... menos a quienes tienen la responsabilidad legal de impedirlos.
