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‘Nuevo’ régimen fiscal, ¿está destinado al fracaso?

Opinión
/ 22 octubre 2021
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Sin incentivos reales para combatir la informalidad, la apuesta de la ‘cuarta transformación’ por un nuevo esquema de contribuciones parece destinado al fracaso

La discusión relativa a la debilidad de las finanzas públicas de México tiene décadas bordeando sobre los mismos elementos: la denominada “economía informal” constituye una proporción muy amplia del Producto Interno Bruto nacional y, en consecuencia, la recaudación tributaria es muy baja.

En general, de acuerdo con los indicadores conocidos, la recaudación tributaria en México ha representado históricamente alrededor del 16.5 por ciento del PIB, lo que ubica a nuestro país con una de las tasas más bajas en América Latina y en el último lugar respecto de nuestros principales socios comerciales.

Tan solo para dimensionar: países como Bolivia, Nicaragua, Argentina e incluso Belice tienen recaudaciones muy superiores a la mexicana respecto de su PIB. Y en el caso de los países de la OCDE, la recaudación tributaria promedio es del doble de la nuestra.

Todos los diagnósticos señalan en la misma dirección: el problema fundamental está constituido por la economía informal que, por motivos esencialmente políticos, no ha sido combatida de manera eficaz por los gobiernos de todos los signos ideológicos.

En este sentido, la autodenominada “cuarta transformación” no parece tener interés en diferenciarse de sus antecesores y eso pareciera quedar claro con la puesta en marcha de su “proyecto estelar” en materia tributaria: el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que buscaría simplificar el pago de impuestos para personas físicas.

De acuerdo con la información que publicamos en esta edición, el Resico no parece contener incentivos relevantes para que las finanzas públicas se fortalezcan y por ello los efectos de su implementación -si acaso ocurren- no se esperan sino hasta dentro de tres o cinco años.

De acuerdo con el titular de la Administración Fiscal General de Coahuila, Javier Díaz González, aunque el nuevo régimen promovería un crecimiento de entre 15 y 30 por ciento en el número de contribuyentes inscritos ante el SAT, eso no supondrá necesariamente un efecto positivo para las finanzas públicas de los estados.

“...en el corto plazo, es decir, en el 2022, no habrá ningún impacto en la recaudación que vaya a beneficiar a las entidades vía participaciones federales, toda vez que no se contempla la participación de los estados de manera directa en el registro o en la recaudación de impuestos de estos contribuyentes, como sucedía en los anteriores regímenes de pequeños contribuyentes y de incorporación fiscal”, ha dicho el funcionario.

Habrá quien diga que lo importante es fortalecer las finanzas nacionales, pero al final lo cierto es que la federación requiere de la participación de los estados en el proceso de combatir la informalidad, pues el SAT no cuenta con la infraestructura suficiente para ser eficaz en este rubro.

Y, si la nueva fórmula no contempla incentivos en este sentido, ya podemos ir dando por descontado que se sumará al rosario de fracasos acumulados en el pasado por otros gobiernos.

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