Enjuiciar expresidentes: la mala pedagogía presidencial

No hacía falta ser demasiado perspicaz para tener claro que ante la necesidad de “diversificar” la temática de la discusión pública y, sobre todo, llevar esta hacia los temas que “le convienen”, el presidente Andrés Manuel López Obrador echaría a andar la multireferida “consulta” para decidir si se lleva a juicio a expresidentes de la república.

El movimiento había sido advertido por el titular del Ejecutivo desde el mismo día de su toma de protesta: él es partidario del “borrón y cuenta nueva”, es decir, de no desperdiciar tiempo ajustando cuentas con el pasado y dedicarse en cambio a construir el futuro. Por eso, dijo el 1 de diciembre de 2018, no estaba en sus planes perseguir a los corruptos de sexenios anteriores.

Sin embargo, advirtió también, podría existir una excepción a esta posición suya: que tras “consultarse al pueblo”, este demandara la realización de juicios en contra de los expresidentes del denominado “período neoliberal”.

Hoy, a punto de rendir su segundo Informe de Gobierno y cargando una larga lista de pasivos, debido a los malos resultados que ha entregado su administración, estaba claro que las circunstancias le ofrecían la oportunidad de echar mano de esta herramienta convenientemente sembrada para ser usada en caso necesario.

El recuento anterior es necesario –y útil– para tener claro que no es casualidad que el fin de semana anterior las huestes “amlistas” se lanzaran a las calles para comenzar a recolectar firmas que permitan solicitar al Instituto Nacional Electoral la organización de la consulta de marras, misma que se buscaría desahogar al mismo tiempo que la jornada electoral de 2021.

Se trata, como todas las “consultas” impulsadas por el gobierno de López Obrador, de un acto no solamente innecesario sino que implica consolidar en el ideario colectivo una idea a cual más peligrosa: que la ley en México sólo se aplica si existe un consenso para ello.

Nadie puede estar en contra de que se lleve a juicio a quien haya cometido un delito. Por eso, en principio, no hace falta consultar a nadie al respecto, pues hacer tal ejercicio equivaldría a decir que, en el hipotético –imposible, pero teóricamente probable– caso de que la ciudadanía votara en contra, entonces no se aplicaría la ley, incluso si hubiera delitos que perseguir.

Se trata de un ejemplo más de la pésima pedagogía que impulsa el Presidente y que sólo parece tener el propósito de mantenerlo a él como centro del debate electoral mexicano, de forma tal que cada vez que los ciudadanos acudan a las urnas la decisión se reduzca al falso dilema de “votar a favor de Andrés Manuel o en su contra”.

En el caso específico de Coahuila, valdrá la pena que las autoridades electorales –las del INE y las del IEC– se pronuncien respecto de la posible contaminación que del proceso electoral local recientemente reanudado podría generarse al promoverse la recolección de firmas para la referida “consulta” en el territorio de la entidad.

Por lo pronto, dispongámonos a ver como se gasta nuestro dinero en promover y organizar un ejercicio que no se requiere pues el resultado lo sabemos todos de antemano, porque todos estamos de acuerdo en que se lleva ante la justicia a quienes hayan cometido un delito.