POLITICÓN; FINIQUITO

I. FINIQUITO

Esto debe interesar tanto a Jorge Zermeño, que ya se va, como a Román Alberto Cepeda, quien llega. En Torreón los trabajadores de confianza están reuniendo firmas para no irse como coloquialmente se dice: “con una mano atrás y otra adelante”. Quieren un finiquito, pero además ya le pusieron pesos y centavos: algo así entre 100 y 200 mil pesos por cabeza. De no concederles este retiro entonces no sólo agotarán las vías jurisdiccionales, sino también irán ante la Comisión de Derechos Humanos. Una cosa es cierta, a Román le va a tocar salirle al toro.

II. A LA EXPECTATIVA

La expectativa de que el Buen Fin sea mejor que el anterior se va reduciendo cada día. Empresas de la región Sureste de Coahuila -muchas en paros técnicos y escalonados por la falta del mentado semiconductor de la industria automotriz-, no van a adelantar los aguinaldos. La Canaco de Eduardo Dávila está lista, pero ahora la esperanza es que el Gobierno Federal cumpla con adelantar a los burócratas la mitad del aguinaldo como viene haciéndose desde otros sexenios. Eso “salvaría” el Buen Fin, que el año pasado sufrió el embate de la pandemia.

III. SIGUE AMARILLO

No obstante que el nivel de contagios continúa con tendencia a la baja, lo mismo que el número de fallecimientos, el pronóstico -de entrar a semáforo verde- del secretario de Salud, Roberto Bernal, no se cumplió, y la entidad continuará en semáforo amarillo. Entidades en donde los números eran más adversos, como Nuevo León y Tamaulipas, han pasado a verde. La mayoría de las entidades del sur también ya dio el “brinco” a semáforo verde, y llama la atención del estado de Puebla, en donde por decreto, se abrió toda la actividad a la normalidad.

IV. GASTO A MANOS LLENAS

El Instituto Nacional de Migración, de Francisco Garduño, está gastando a manos llenas para resolver la “crisis migratoria”, que como ya lo confirmó el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, fue en parte por la intervención de la delincuencia organizada transnacional. Nomás entre 2020 y 2021 se han gastado 420 millones de pesos sólo en vuelos para deportar a migrantes desde México. Es imperante saber por qué el programa de contención migratoria no funciona. ¿Acaso siguen corrompidas las instituciones en la frontera sur del país?

V. LE QUITAN CARGA

En el Consejo de la Judicatura de Coahuila, en donde convergen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se dio un paso para equilibrar las pensiones de jueces y magistrados en el Poder Judicial, de Miguel Mery. Se reformó un acuerdo que data del 2005. Un aspecto importante es que se le retira una parte de la carga al Instituto de Pensiones del Estado, donde manda José Luis Moreno. Basta recordar que también está en análisis en el Congreso Estatal la forma a la Ley de Pensiones de los Burócratas Estatales. Este acuerdo beneficiará al Instituto.

VI. ÁGUILAS

Durante el evento Encuentro de Negocios, organizado por la Canacintra delegación Sureste, en la cual manda José Antonio Lazcano, se va a entregar también la presea “Águila Canacintra 2021”. Esta distinción es para los hombres honorables de la IP, pero siempre es una sorpresa porque se conoce hasta el día de la entrega quiénes son los galardonados. La ceremonia se tiene prevista para el próximo martes 19 de octubre durante la inauguración del XXII Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica, en el Centro de Convenciones Canacintra.

VII. EN LA CÁMARA

Si se trata de tener apoyo en la Cámara de Diputados, Coahuila cuenta con varios aliados, además los nacidos aquí y que llegaron a una curul por la vía plurinominal o de mayoría. En la Cámara está Carolina Viggiano, ex Presidenta Honoraria del DIF en Coahuila, y legislativa pluri por Hidalgo. Pero también de ese estado se encuentra alguien que desarrolló parte de su carrera profesional en esta entidad, laborando para las dos últimas administraciones pasadas: Marco Antonio Mendoza. Por cierto que Mendoza tiene como suplente a Juan Pablo Beltrán, hijo de Carolina.

VIII. LIMITAN LA EDUCACIÓN

En la más reciente reunión virtual de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, los 92 rectores, entre ellos Salvador Hernández Vélez, estuvieron de acuerdo en empezar a cabildear el incremento para la educación superior. El Proyecto de Presupuesto no otorga a las universidades públicas de México ni siquiera un punto arriba de la inflación. Se incumple de esta manera con la Ley General de Educación Superior sobre gratuidad. Otro punto es que las administraciones estatales deben considerar también aumentar los apoyos.