Protección a los denunciantes

En la 37 Reunión del Comité de Expertas y Expertos del Mecanismo Anticorrupción de la OEA (Mesicic), esta instancia de trabajo analiza las acciones que los estados desarrollan para cumplir los propósitos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y favorece la cooperación en la lucha contra la corrupción, intercambiar buenas prácticas y tratar temas de interés común para fortalecer las acciones para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción y recuperar los activos que tales actos generan.

El Mesicic contribuye a que la Convención Interamericana sea una convención viva, ya que se analizan los avances alcanzados en la implementación de sus disposiciones y se realiza recomendaciones para el fortalecimiento de las instituciones y el marco jurídico contra la corrupción, cuyo cumplimiento se evalúa periódicamente.

En el marco de esta reunión, el Mesicic analiza los informes que cada Estado presenta sobre la puesta en práctica de la Convención y se debaten asuntos de trascendencia en la agenda anticorrupción. En esta ocasión se realizó un webinario sobre la figura de los denunciantes y sus mecanismos de protección. En este evento participaron la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo de Trabajo contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) y la Secretaría Técnica del Mesicic; además Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Uruguay presentaron sus buenas prácticas al respecto.

Los denunciantes juegan un rol esencial en la detección e investigación de actos de corrupción, fraude o contrarios a la integridad, considerando que estas acciones se planean y ejecutan con gran secrecía, buscando eludir los mecanismos de control y supervisión. Esta figura es fundamental en contextos de emergencia, ya que para responder a las crisis es común que los controles se relajen para actuar con mayor rapidez, incrementando los riesgos de corrupción o fraude y dificultando su detección oportuna.

En ocasiones, los denunciantes ponen en riesgo su trabajo, su futuro profesional o, incluso, su integridad personal y su vida en aras del bien común. Por ello resulta indispensable contar con mecanismos eficaces para protegerles de posibles represalias y afectaciones que van desde la preservación de su identidad, y que tomen en cuenta las características de cada denunciante, por ejemplo, si es un ciudadano, un empresario que presta servicios al Gobierno o un funcionario público. Además, es necesario contar con un marco jurídico e institucional integral y personal debidamente capacitado para investigar las denuncias y adoptar las medidas de protección necesarias para resguardar al denunciante y a su entorno familiar cercano, en caso de ser necesario.

Esta figura también es relevante en el ámbito de la fiscalización superior, en este sentido, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) a través de un equipo del Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales desarrolla los lineamientos sobre la protección a denunciantes. Este equipo integrado, entre otras, por las EFS de Austria y Omán, liderado por la Auditoría Superior de la Federación, busca brindar a las EFS criterios orientadores que les permitan, con independencia del modelo al que respondan, salvaguardar a las personas que reporten conductas ilícitas o incorrectas, considerando que la información que brinda para abatir la impunidad, disuadir futuros actos de corrupción, así como mejorar la gobernanza de las instituciones, la transparencia y la rendición de cuentas.

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