Región Carbonífera: ¿el abandono es su destino?
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Se ha reseñado hasta la saciedad: apenas ocurre una tragedia en la Región Carbonífera, políticos de todos los signos ideológicos acuden a mostrar solidaridad y “hacerse presentes” ante las familias que padecen la incertidumbre mientras esperan el rescate con vida de sus seres queridos.
Pero conforme van pasando los días y la noticia se va diluyendo en los reportes de los medios de comunicación, la solidaridad mostrada al principio desaparece para dejar lugar a la misma indiferencia que prevalecía antes de que ocurriera el incidente.
Se trata de una película que hemos visto tantas veces, que por ello no sorprende que esa sea justamente la realidad actual en el caso del “pocito” El Pinabete en el cual perdieron la vida una decena de mineros luego de inundarse el tiro en el cual trabajaban.
Los mineros, está claro, por desgracia, ya no pueden estar con vida y por ello sólo queda la posibilidad de rescatar sus cuerpos. Y eso es justamente lo que esperan sus familias a quienes las autoridades federales ofrecieron desplegar una estrategia para drenar el pozo y recuperarlos.
La tarea, de acuerdo con lo ofrecido públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, le fue encomendada a la Comisión Federal de Electricidad pero, de acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, hace ya dos semanas que los trabajos se encuentran detenidos.
La razón de la suspensión, de acuerdo con datos proporcionados por familiares de los mineros que laboraban en la explotación carbonífera, sería que la CFE no ha cubierto los pagos correspondientes a la empresa que contrató para la realización del tajo mediante el cual se rescatará a los mineros fallecidos.
Por otra parte, familiares de los mineros que lograron sobrevivir han expuesto que la empresa responsable de la administración del “pocito” pretende finiquitar su relación laboral con ellos –el próximo fin de semana– mediante el pago de apenas cinco mil pesos.
Con independencia de los cálculos específicos que puedan hacerse a partir de las reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, resulta llamativo que para rescatar los despojos de personas sin vida se ofrezca destinar los recursos económicos que hagan falta pero, para la atención de quienes lograron sobrevivir, no exista la misma disposición.
Los mineros que se salvaron de la tragedia no solamente necesitan una fuente de empleo que les permita obtener un ingreso regular. También requieren atención médica y psicológica debido al trauma por el cual pasaron, a partir de la experiencia personal y por la pérdida de sus compañeros.
¿Por qué no existe la misma disposición y la determinación de inversiones en uno y otro caso?
Nadie pide que se abandonen los cuerpos de los mineros que fueron víctimas de la tragedia, sino que el trato que se dispensa a los fallecidos y a los supervivientes sea simétrico. Por desgracia, según se ve, la historia no deja de repetirse por ser conocida y hoy, una vez más, estamos ante la evidencia del abandono al que parecen condenados los mineros de la Región Carbonífera.