Seguridad en minas,
¿alguien se hace cargo?
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La explotación minera, particularmente la de carbón mineral que se realiza en la Región Carbonífera de Coahuila, es una actividad que entraña riesgos y por ello es indispensable que sea supervisada de forma estricta por quienes, desde las oficinas gubernamentales, tienen asignada esta responsabilidad.
Y decir que la supervisión es una actividad “indispensable” no es un capricho retórico, sino el reflejo de una realidad puntual: el relajamiento de las medidas de protección en las minas de carbón es la causa detrás de los accidentes mortales que reseñamos de forma cotidiana.
La historia, para desgracia de quienes viven de la explotación de los yacimientos de carbón, se repite de forma sistemática y nadie parece, ya no digamos capaz, sino siquiera interesado en impedir que esto siga ocurriendo: después de cada accidente surgen los señalamientos en el sentido de una supervisión deficiente o viciada.
Es el caso, por ejemplo, de lo ocurrido con la mina Micarán –ubicada en la localidad Rancherías, del municipio de Múzquiz– en la cual se registró un accidente el pasado 4 de junio que cobró la vida de siete mineros. En dicha mina, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) sí se practicaron las revisiones rutinarias a que obliga la normatividad en la materia.
Tres meses después del incidente, la STyPS ha revelado que, desde el año 2018, la empresa Micarán S.A. de C.V., concesionaria de la mina, fue objeto de al menos media docena de inspecciones, la última de las cuales se habría registrado tres meses antes del incidente fatal.
El detalle relevante de la información proporcionada por la STyPS es que todas las inspecciones fueron realizadas por una sola persona, lo cual obliga a cuestionar, bien la posible negligencia, bien la posible corrupción detrás del procedimiento.
Cualquiera que sea la deficiencia –o la perversión– en el mecanismo de inspección a las minas, el resultado indeseable es el mismo: seres humanos pierden la vida a causa de ello.
Los tres órdenes de Gobierno deben modificar –y de manera urgente– su actitud respecto de la operación de la minería. Resulta intolerable que sigan perdiéndose vidas humanas debido a la negligencia, o peor aún, a la corrupción de quienes debieran garantizar la seguridad en estas empresas.
No es, por cierto, la minería el único espacio en el cual resulta necesaria una mudanza de actitudes. Existen múltiples ejemplos de actividades industriales y/o comerciales cuya realización implica un riesgo para quienes laboran en ellas y por tal razón requieren de la implementación de medidas de seguridad particulares.
Sería de esperarse que, ante los hechos, los gobiernos municipal, estatal y federal no recurran al recursos fácil de “echarse la bolita” entre ellos, sino se comprometan a trabajar de forma coordinada para ponerle fin a la tragedia que padecen las familias de quienes se dedican a la minería en Coahuila.
