Trump dijo que los demócratas te quitarán las hamburguesas, pero es él quien podría hacerlo

Por Ted Genoways, The New York Times.

El 22 de agosto, horas antes de que la vicepresidenta Kamala Harris subiera al escenario de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Donald Trump afirmó que ella aboliría el Servicio de Inmigración y Control Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y permitiría el ingreso de más de cien millones de personas a Estados Unidos. “Si la camarada Harris tiene la oportunidad”, advirtió Trump desde el condado de Cochise, Arizona, en la frontera entre México y Estados Unidos, “nuestro país será invadido y, en esencia, dejará de ser un país. No será gobernable”. A continuación, renovó su promesa de utilizar el ejército y otros recursos gubernamentales para detener y deportar a millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, incluidos los que participan en diversos programas humanitarios. “Con su voto, sellaremos la frontera; detendremos la invasión y lanzaremos la iniciativa de deportación más grande de la historia de Estados Unidos”, declaró el expresidente.

Sería fácil descartar estas amenazas por ser solo una postura para agitar a sus bases de simpatizantes, pero la información reciente sugiere que los aliados de Trump están elaborando planes para aplicar la política migratoria más regresiva desde 1954, cuando el gobierno de Dwight Eisenhower detuvo a 1.3 millones de personas, en su mayoría trabajadores mexicanos y mexicano-estadounidenses, como parte de la campaña abiertamente racista conocida como “Operación Espalda Mojada”. Según informan The Times y The Wall Street Journal, los planes de Trump, que él describe como “el seguimiento del modelo de Eisenhower”, no solo expulsarían a las personas que ya están en Estados Unidos, sino que también cortarían el flujo de nuevos inmigrantes. De llevarse a cabo de forma abrupta y exhaustiva, como ha prometido Trump, estas políticas pondrían en peligro sectores vitales de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra inmigrante. En ninguna parte eso es más evidente que en la industria cárnica.

No hace mucho, las compañías empacadoras de carne de Estados Unidos dependían en gran medida de los inmigrantes indocumentados de México y otros países latinoamericanos para dotar de personal a sus fábricas. Pero una brutal serie de redadas gubernamentales en 2006 cambió sus cálculos. El 12 de diciembre de ese año, el ICE, recién creado por el presidente George W. Bush, ingresó al mismo tiempo a seis plantas empacadoras de Swift & Company y detuvo a 1,300 trabajadores indocumentados acusados de violar las leyes de inmigración y de usurpación de identidad. En la pequeña localidad de Cactus, Texas, los agentes cerraron las puertas de la planta y empezaron a esposar a los trabajadores. “La gente se escondía detrás de la maquinaria, en las cajas, incluso entre los animales muertos”, declaró más tarde un empleado a The Washington Post.

Tan solo en Cactus, casi 300 empleados, alrededor del 10 por ciento de la población de la ciudad, fueron arrestados. Cuando los agentes se quedaron sin esposas, ataron a los trabajadores con cuerdas. Esta es la mayor redada de inmigración en un espacio laboral de la historia de Estados Unidos. En aquel momento, la directora del ICE, Julie Meyers, declaró: “La acción debe enviar un mensaje claro a los empleadores: contratar trabajadores ilegales no es aceptable”.

Los operativos para capturar migrantes parecieron surtir el efecto deseado y las empacadoras pronto empezaron a buscar una nueva clase de trabajadores extranjeros vulnerables: refugiados que están aquí legalmente, así como inmigrantes que cruzaron la frontera a pie y se les permite quedarse por razones humanitarias o porque solicitaron asilo. En la actualidad, casi la mitad de las personas que sacrifican, destazan y empacan carne de vacuno, porcino y aves de corral en Estados Unidos no nacieron en el país. En algunos mataderos se hablan más de cuatro docenas de idiomas. En otros, los refugiados somalíes, sudaneses y birmanos representan hasta un tercio de la mano de obra. El hecho es que los mayores productores de carne de Estados Unidos dependen de los inmigrantes que Trump amenaza con acorralar y deportar.

De resultar electo y cumplir su promesa de acabar con la condición de refugiado, esos productores podrían perder una fuente vital de mano de obra de la noche a la mañana. Si logra rescindir ciertas protecciones para los solicitantes de asilo y acelera el proceso de los juicios de deportación, la industria en su totalidad podría paralizarse. Los procesadores de carne apenas se están recuperando de los estragos de la pandemia. Esto los llevaría al punto de quiebre y podría colapsar todo el sistema alimentario.

En las casi dos décadas transcurridas desde 2006, muchos de los pequeños pueblos donde las empresas empacadoras de carne construyeron sus plantas de procesamiento se han transformado. Antes, estas comunidades estaban habitadas en su mayoría por blancos y ahora cuentan con una población compuesta sobre todo por minorías. En ningún lugar esto es más evidente que en Cactus, Texas, donde la antigua planta de Swift es ahora propiedad de JBS.

La ciudad de Cactus, enclavada en las altiplanicies del extremo norte del estado (conocido como el Mango de Texas), azotadas por el viento y planas como un panqueque, nunca ha sido muy atractiva. La leyenda de la música country Waylon Jennings describió el pueblo como “nada más que un enorme manchón en el camino”. A principios de la década de 1970, el condado donde está Cactus contrató a American Beef Packers para construir una planta justo en la carretera. Swift adquirió la planta en 1975 e invirtió millones de dólares en ampliar y modernizar las instalaciones lo suficiente como para sacrificar 10,000 reses a la semana.

Para los lugareños, una planta que se suponía iba a proporcionar más de 900 puestos de trabajo parecía un regalo del cielo. Por aquel entonces, el gobernador Dolph Briscoe nombró tejano honorario al presidente de Swift y acudió a Cactus para izar personalmente la bandera de la empacadora. “Texas está a punto de experimentar el mayor desarrollo de su historia”, predijo el gobernador. En lugar de ello, Swift redujo los salarios con la contratación de la llamada “gente de los botes” (una oleada de refugiados provenientes de Vietnam que llegaron en embarcaciones) y, a partir de mediados de los años ochenta, esos trabajadores fueron sustituidos en gran medida por una mano de obra aún menos protegida: inmigrantes indocumentados que, en parte, huían de las guerras del narcotráfico en México y Guatemala.

Tras las redadas de 2006, la empresa necesitaba reponer de inmediato su mano de obra. Los ejecutivos de Swift instalaron un cuarto de guerra en el que colgaron mapas en las paredes y marcaron las ciudades donde reclutarían personal. El equipo de recursos humanos de la empresa hizo publicidad en la radio y en los periódicos locales. Compraron espacio en vallas publicitarias. Enviaron representantes a ferias de empleo e instalaron un puesto de contratación en las oficinas de desempleo. Pero atrajeron a pocos trabajadores. Como último recurso, Swift empezó a ofrecer servicio gratuito de autobús a Cactus desde Amarillo. Los refugiados somalíes empezaron a solicitar trabajo y, en 2007, después de que JBS compró Swift, intensificó la contratación de refugiados para mantener la producción.

Las empacadoras han argumentado que no encuentran suficientes trabajadores estadounidenses para cubrir todos estos puestos de trabajo, que son ingratos y brutales. Los demócratas y los activistas sindicales ven ese argumento con cierto recelo: quizá si pagaran más a los trabajadores, no tendrían tantos problemas para encontrar empleados. Pero por ahora, los inmigrantes son el pilar de la industria. Tyson, uno de los mayores procesadores de carne de res, cerdo y aves de corral del mundo, calcula que tiene una rotación de personal del 40 por ciento en sus fábricas al año y que depende de los inmigrantes para cubrir muchos de esos puestos; el 35 por ciento de su mano de obra total, alrededor de 42,000 personas, es de origen extranjero. “Nos gustaría emplear a otros 42,000 si pudiéramos encontrarlos”, declaró hace poco un directivo de Tyson H.R. a Bloomberg.

Kim Cordova, presidenta de United Food and Commercial Workers International Union Local 7, que representa a los empleados de JBS en su planta principal en Greeley, Colorado, calcula que el 80 por ciento de los empleados de la planta nacieron en el extranjero y trabajan bajo diversos estatus oficiales: refugiado, estatus temporal, solicitante de asilo o visado de trabajo. E incluso los que están aquí legalmente podrían verse arrastrados por accidente si Trump lleva a cabo sus planes. Cordova recuerda que en 2006: “El gobierno llegó, separó a las familias y las metió en autobuses. Los dejaron en diferentes centros de detención, sin previo aviso. Dejaban a los niños en las escuelas sin padres que los recogieran”. Esta es la escena que Trump espera repetir.

Hay que reconocerlo: el plan de Trump de deportar hasta 20 millones de inmigrantes sería difícil, si no imposible de realizar (en entrevista en abril, Trump afirmó que la población indocumentada era “probablemente de 15 millones” y que llegaría a 20 millones en 2025). Requeriría la coordinación entre las autoridades locales, estatales y federales, incluido el ejército, y la participación de cientos, quizá miles, de abogados. Llevar a cabo un solo día de redadas coordinadas, como hizo ICE en 2006, es una cosa; alcanzar las cifras de detenciones y deportaciones que Trump ha prometido en sus discursos exigiría más de diez redadas de este tipo al día durante todo un mandato de cuatro años.

Esto puede ser impensable, pero Stephen Miller, uno de los artífices de las políticas migratorias del gobierno de Trump que muy probablemente desempeñaría un papel de alto nivel en un segundo mandato, dijo a The New York Times que el ICE se centraría en llevar a cabo redadas en lugares de trabajo y en otros espacios públicos como una forma de crear una red de arrastre a nivel nacional. Con el fin de aumentar el número de agentes para llevar a cabo estas redadas, Miller dijo que se reasignarían temporalmente agentes de otros organismos federales encargados de hacer cumplir la ley y que se nombrarían efectivos de la Guardia Nacional estatal y agentes de la policía local. Para acelerar el proceso de denegación de solicitudes de asilo y deportación de los inmigrantes atrapados en esas redadas, Miller dijo que se construirían “vastas instalaciones de retención” en terrenos abiertos a lo largo de la frontera de Texas, donde el gobierno emplearía “el tipo adecuado de abogados” para procesar los casos de deportación.

La plataforma del Partido Republicano también promete que “los republicanos restablecerán todas las políticas fronterizas del gobierno de Trump” y “utilizarán todos los recursos necesarios para detener la invasión, incluido el traslado de miles de soldados que actualmente se encuentran en el extranjero a nuestra frontera sur”. La plataforma promete “reinstaurar el programa ‘Quédate en México’, renovar la prohibición de ingreso al país de ciertos viajeros, poner fin a la migración en cadena”, así como “utilizar la investigación extrema para garantizar que los yihadistas y simpatizantes yihadistas no sean admitidos”. Estas medidas represivas (obligar a los inmigrantes a permanecer en México a la espera de las audiencias de asilo, bloquear la entrada de inmigrantes de Somalia y Sudán, impedir que los inmigrantes traigan a miembros de su familia para que se reúnan con ellos) supondrían un desastre para las principales empacadoras de carne.

Deportar a un segmento crucial de la mano de obra del sector cárnico del país y cortar el suministro de trabajadores de reemplazo no solo reduciría de manera drástica la producción, sino que detendría el procesamiento en todas las etapas, desde los corrales de engorda hasta la planta de empaque. Esto rompería la cadena de suministro de Big Macs y Whoppers, de tocino y carne de almuerzo, de salchichas para los perros calientes del 4 de julio y pavos de Acción de Gracias.

Durante las primeras fases de la pandemia, pudimos vislumbrar lo que ocurre durante los periodos de cierre, aunque sea breve, de los centros de empacado: el sacrificio del ganado cuando su carne no puede desplazarse, la pérdida de salarios para los trabajadores y de ingresos por ventas para los ganaderos, la escasez en las tiendas de comestibles y el aumento vertiginoso de los precios de la carne para los consumidores, así como los devastadores efectos dominó para las pequeñas ciudades que ya luchan por sobrevivir.

Cordova, presidenta del sindicato, advirtió que la aplicación de las políticas de inmigración propuestas por Trump cerraría fábricas como la planta de JBS en Cactus. Y sin el que podría decirse que es el único empleador de la ciudad, Cactus se convertiría en una ciudad fantasma.

“De implementarse las políticas de Trump, la industria morirá”, dijo Cordova. “Para ser honestos, nadie en este país quiere hacer ese trabajo”.

Para que los estadounidenses sigan comiendo carne, debemos romper nosotros mismos con la dieta de odio de Trump.