Urge replantear la política pública para la libertad de expresión en México

Arrancamos con un nuevo año con pocas esperanzas para garantizar la libertad de expresión en México. Enero de 2022 finalizó con el asesinato de los periodistas Margarito Martínez, José Luis Gamboa y Lourdes Maldonado; y la activista activista, Ana Luisa Garduño.

Ante los hechos es urgente replantear la política pública que pretende mejorar las condiciones para ejercer el derecho a la libertad de expresión, y con ende, también garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Lo anterior porque resulta inadmisible que personas adheridas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, sean asesinadas y la impunidad persista.

Pero ¿qué es y qué hace el mecanismo? Este instrumento fue una de las respuestas en materia de política pública que dio el Estado mexicano, ante la crisis que derivó de la violencia criminal. Fue puesto en marcha en noviembre de 2012.

Dentro de sus funciones está asumir su obligación para proteger a todas aquellas personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor y también de llamar a las demás autoridades involucradas a hacer lo propio.

Además el mecanismo es una garantía de protección a los derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

De acuerdo a la información que se encuentra en el portal de la Secretaría de Gobernación, el mecanismo tiene una ruta de acción para su fortalecimiento que consiste en: a) el cumplimiento de la totalidad de las recomendaciones emitidas por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México dentro del Diagnóstico para el Fortalecimiento del Mecanismo; b) la revisión del marco normativo sobre la protección a periodistas, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación entre la federación y los estados para la efectiva protección a periodistas; y c) la promoción de diagnósticos estatales de prevención para identificar las agresiones por municipios y anticipar los fenómenos que las detonan.

Sin embargo, en casi diez años, los resultados obtenidos no han sido suficientes para detener los atentados contra periodistas y defensores. Al contrario, las cifras de ataques van en aumento, junto con la corrupción de las autoridades involucradas y la carencia de investigaciones para determinar la culpabilidad de las personas agresoras.

Quizá la esperanza se encuentre en la consolidación de un gremio que se movilizó como nunca antes. La manifestación del martes pasado, después de la muerte de Lourdes, en 67 ciudades de 31 entidades, refuerza la idea de que los contrapesos se hacen presentes para reclamar justicia.

Esta protesta debería llevar al Estado mexicano a una revisión profunda del funcionamiento del mecanismo y el desempeño de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, la FEADLE, ante el rotundo fracaso de la política pública para la libertad de expresión en México.

No más ceguera, necedad, ni simulación.