Violencia doméstica y sexual, ¿cómo frenarlas?

El señalamiento es recurrente, pero no parece encender ninguna alerta en los tableros de control de las autoridades responsables de diseñar e instrumentar políticas públicas orientadas a contener y revertir el fenómeno: la violencia que padecen, sobre todo, las mujeres, ha incrementado su incidencia en Coahuila de manera alarmante.

Los datos están allí y parecen demostrar que las políticas instrumentadas por las autoridades no tienen ninguna incidencia en la realidad o que a nadie le importa el tema y por ello las estadísticas lo muestran como uno de carácter incontenible.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2021 la Fiscalía General de Coahuila recibió un total de 11 mil 772 denuncias por casos de violencia familiar en todos los municipios de la entidad. La cifra es 26 por ciento más alta que la registrada en 2020, cuando se denunciaron 9 mil 281 casos.

Otro indicador relevante: al revisar el número de personas que en 2020 y 2021 requirieron atención hospitalaria, luego de ser víctimas de violencia en sus hogares, queda en evidencia que la cifra se duplicó, de acuerdo con los datos que al respecto consigna la Secretaría de Salud a nivel federal.

Y en lo que hace a delitos que implican violencia sexual, el incremento en su incidencia, reportado por las autoridades, es del 54 por ciento entre 2020 y 2021, cuando pasaron de mil 148 a mil 768.

Las víctimas son, en su gran mayoría, mujeres: adultas, jóvenes, niñas. Se trata de un grupo poblacional que, al menos en este rubro, demanda a gritos la intervención de las instituciones del Estado, pero también de todos los integrantes de la comunidad.

Aquí es importante reiterar lo que se ha dicho en múltiples ocasiones respecto de este fenómeno: la violencia que históricamente han padecido las mujeres tiene su origen en la existencia de patrones socioculturales que conciben a la mujer como un individuo “inferior” −o al hombre como uno “superior”− y ello “justifica” el trato que se le da.

Transformar esos patrones no será producto solamente de la acción de las instituciones públicas, o al menos no lo será
a la velocidad que el respeto a
los derechos de las mujeres demanda.

Por ello, todos estamos llamados a contribuir al logro de este propósito: los padres de familia educando a nuestros hijos en la cultura del respeto hacia todas las personas en condiciones de igualdad; los profesores y las figuras de autoridad moral ofreciendo ejemplo de comportamiento en este sentido y todos rechazando sin ambigüedades cualquier abuso cometido en este sentido y denunciando a quienes incurren en este tipo de conductas.

Las cifras son absolutamente inaceptables. Que cada año crezcan lo es aún más. Quienes tienen a su cargo las responsabilidades públicas relacionadas con la atención de este fenómeno deben reaccionar de inmediato frente a ellas y comenzar a implementar acciones eficaces para frenar su crecimiento.