Madrid, España.- La Fiscalía ha decidido ordenar la detención del agresor de una joven ecuatoriana en un tren de la red de cercanías de Barcelona (noreste de España), anunció hoy el ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Fernández Bermejo hizo este anuncio en el Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento español) después de recibir la confirmación de la orden de detención del joven español por parte del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

La orden de detención de Sergi Xavier M.M., de 21 años, se cursó después de que el joven, con antecedentes penales por robos, quedara en libertad con cargos tras declarar ante el juez.

Horas antes, el titular de Justicia había pedido que se indagaran las razones por las que el agresor quedó en libertad y por las que no hubo ningún representante de la Fiscalía en su declaración ante el juez después de ser detenido por la policía.

Esta ausencia de la Fiscalía, "pese a tener conocimiento del caso" según el ministro, y el hecho de que la familia de la menor agredida renunciara a ser representada por un abogado no dejaron otra opción al juez que la de la puesta en libertad con cargos.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la región de Cataluña, Sergi Xavier M.M. quedó en libertad acusado de un delito de lesiones con la agravante de motivos racistas, con la obligación de presentarse ante el juzgado cada 15 días.

"Esto debe ser aclarado cuanto antes porque la situación no es edificante", dijo Fernández Bermejo, quien instó a la Fiscalía General del Estado a aclarar "por qué razón el fiscal no estaba".

"No sé si hay alguna razón, supongo que la habrá, para que no pudiera estar", dijo el titular de Justicia, quien recordó que "es práctica usual que (el fiscal) pueda no estar en un determinado acto", pero añadió que "si el acto lo exige inmediatamente" la fiscalía puede estar representada "porque hay un fiscal de guardia".

El Gobierno regional de Cataluña anunció que su Consejería de Acción Social ejercerá la acusación popular en el proceso judicial en lo que considera un caso de violencia xenófoba y machista.

Según anunció la Consejería en un comunicado, su máxima responsable, Carme Capdevila, informó del propósito de ejercer la acción popular en el caso de agresión racista, un derecho que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal española.

Previamente, en declaraciones a la emisora "Catalunya Radio" Capdevila dijo que hechos como éste "no son tolerables" y que la menor atacada "merece la atención que le corresponde ante una violencia totalmente gratuita y fuera de lugar".

La Generalitat (Gobierno catalán) considera que esa agresión constituyó un caso de violencia xenófoba, pero también racista, motivo por el que la menor recibirá apoyo psicológico y asesoramiento jurídico por parte del Instituto Catalán de Mujeres.

Por su parte, el secretario de Inmigración, Oriol Amorós, se reunirá a lo largo del día de hoy con el cónsul de Ecuador, Freddy Arellano, y con los familiares de la víctima.