Excélsior
"El gobierno mexicano se ha embarcado en un esfuerzo importante por reformar y ajustar su sistema de justicia, incluyendo reformas mayores que involucran a la policía, los fiscales y la forma en que funciona el sistema legal'', aseguró Laura Tischler, vocera del departamento, al describir el contenido del documento.
México, D.F..- El gobierno del presidente Barack Obama envió al Congreso de Estados Unidos un informe favorable sobre la situación de los derechos humanos en México, el cual puede propiciar la entrega de 100 millones de dólares en ayuda norteamericana para apoyar la lucha contra los narcotraficantes.

El Departamento de Estado dijo el lunes que el informe fue enviado al Capitolio el 13 de agosto, tras una demora provocada por las objeciones de un senador demócrata, el cual obstruyó su difusión al estimar prematuro otorgar a México una aprobación entorno al respeto de los derechos humanos en el país.

"El gobierno mexicano se ha embarcado en un esfuerzo importante por reformar y ajustar su sistema de justicia, incluyendo reformas mayores que involucran a la policía, los fiscales y la forma en que funciona el sistema legal'', aseguró Laura Tischler, vocera del departamento, al describir el contenido del documento.

A principios de agosto, el senador demócrata Patrick Leahy se opuso a la presentación de un informe favorable del Departamento de Estado sobre el respeto de los derechos humanos en México.

La decisión de Leahy, senador de Vermont, retrasó la entrega de 100 millones de dólares en ayuda estadunidense destinada a combatir a los narcotraficantes en México.

Los fondos son parte de la Iniciativa Mérida, que incluye un paquete de asistencia de mil 400 millones de dólares durante tres años, tiene como condición que el Congreso retenga algo del financiamiento a menos que los informes del Departamento de Estado señalen que México no viola los derechos humanos en la lucha contra los narcotraficantes, informó el diario The Washington Post.

"Esos requisitos no han sido cumplidos, por lo tanto es prematuro que se envíe el reporte al Congreso'', destacó Leahy.

De acuerdo con funcionarios, el Departamento de Estado tuvo la intención de enviar el informe al Congreso a principios de mes antes de que el presidente Obama viajara a México para una cumbre con el mandatario mexicano Felipe Calderón y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper.

Pero varios asistentes de Leahy, presidente del subcomité de operaciones extranjeras en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado, mencionaron informes de tortura y desapariciones forzadas al rechazar el reporte.

Desde 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha recibido al menos dos mil 220 quejas de abusos incluyendo desapariciones, muertes y torturas en las cuales se denuncia a elementos de las fuerzas militares, según Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional (AI) también, a principios de agosto, solicitó al Congreso de Estados Unidos retener los fondos de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En un comunicado, la organización señaló que el gobierno del presidente Felipe Calderón no ha logrado un "progreso suficiente" en la investigación de las violaciones a las garantías individuales cometidas por las fuerzas de seguridad que llevan a cabo una batalla contra el crimen organizado.

"Al dar dinero y equipo al Ejército mexicano sin controles adecuados sobre su uso se corre el riesgo de contribuir a que aumenten los abusos de derechos humanos", dijo Susan Lee, directora de las Américas de Amnistía Internacional.

El llamado de Amnistía Internacional se suma al que el mes julio hizo la Human Rights Watch (HRW), en donde instó al Departamento de Estado, que dirige Hillary Clinton, a no certificar que México ha cumplido con los requisitos necesarios en materia de derechos humanos para poder acceder a los recursos del Plan Mérida.

La oficina del senador Leahy declinó pronunciarse ayer sobre la entrega del reporte, y se desconoce si fueron atendidas las objeciones del senador.

Laura Tischler precisó que la ley no exige al titular del Departamento de Estado "firmar una certificación'' de que México respeta los derechos humanos. Más bien, requiere que el Departamento de Estado reporte que "el gobierno de México sigue tomando ciertas medidas para promover y proteger los derechos humanos y fomentar el estado de derecho, en cuanto se refieran a las fuerzas de seguridad en México'', dijo la portavoz.