Los archivos forman parte de cerca de 5.000 documentos de la agencia central de inteligencia CIA, el departamento de Estado y el de Defensa en Estados Unidos. El secreto que pesaba sobre ellos fue eliminado en los años 90.
Madrid, España.- Decenas de documentos desclasificados de la CIA podrían revelar nuevas claves sobre el asesinato de seis sacerdotes católicos jesuitas y dos trabajadoras en San Salvador, al cumplirse 20 años de aquella matanza.

Estos y otros muchos papeles, hasta 13.000 folios según explicó el viernes a la AP la abogada Almudena Bernabéu, serán incorporados la próxima semana al proceso judicial abierto en España contra 14 militares salvadoreños acusados de participar en la matanza de los jesuitas, cinco de ellos españoles, en la Universidad Centroamericana (UCA).

``Tiene una gran relevancia. Una gran importancia``, dijo Bernabéu, quien representa a una de las dos organizaciones querellantes. ``20 años después podemos llegar a comprender mejor lo que ocurrió``.

Los archivos forman parte de cerca de 5.000 documentos de la agencia central de inteligencia CIA, el departamento de Estado y el de Defensa en Estados Unidos. El secreto que pesaba sobre ellos fue eliminado en los años 90.

Decenas de los documentos contienen información referente a la guerra civil que vivió El Salvador y a la muerte, en 1989, de los sacerdotes, entre los que se encontraba Ignacio Ellacuría, rector de la UCA entonces, y una de las voces más importantes de la llamada teología de la liberación en América Latina.

Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y Terry Karl, especialista en Sudamérica y profesora de la Universidad de Stanford, explicarán los detalles más relevantes de estos papeles el martes y el jueves de la semana próxima en sendas declaraciones a puerta cerrada en Madrid ante el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, que instruye la causa.

Doyle y Karl son expertas en la materia y llevan años estudiando los documentos.

Los seis jesuitas y dos empleadas domésticas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados que irrumpieron en el campus de la UCA en San Salvador durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Bernabéu dijo que no podía adelantar el contenido de los documentos, pero aseguró que podría cambiar alguna de las versiones comúnmente aceptadas sobre cómo y cuando se planificó la muerte de Ellacuría y sus compañeros.

``Creemos que podemos contribuir de esta forma a derogar la amnistía existente y a que se haga justicia en El Salvador``, añadió.

La abogada española explicó que la próxima semana también testificarán en privado ante el magistrado dos ciudadanos salvadoreños, de los que no quiso facilitar su identidad por ser, dijo, cargos públicos importantes en El Salvador.

Bernabéu representa a la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco), que junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de España promovieron la querella en la Audiencia Nacional.

En la demanda se acusa a los 14 militares salvadoreños de participar directamente en la muerte de los jesuitas, mientras que al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, el juez le consideró ``encubridor``.

Entre los acusados están el ex ministro de Defensa Humberto Larios y el general René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto en esa época.

Algunos de estos militares fueron juzgados en 1991 por la masacre, pero la mayoría fueron absueltos. Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN, una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso.

Bernabéu confirmó que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) envió esta semana al juzgado de Velasco información sobre los militares procesados, aunque dijo desconocer si habían recibido la notificación de su procesamiento.

La abogada dijo que las declaraciones de la próxima semana serán probablemente las últimas del año y que el caso seguirá avanzando en 2010, cuando esperan que los acusados salvadoreños nombren una representación legal en España.