María de la Luz González / El Universal
Cd. de México.- Después de 10 años de proceso, el más largo en la historia penal del país, el caso de Acteal está en posibilidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante un amparo que interpondrá la defensa de los acusados de la matanza.
La demanda solicitará a la Corte atraer el caso, impugnando la constitucionalidad de varios artículos del Código Federal de Procedimientos Penales que han permitido a los jueces actuar como fiscales en el proceso, explicó el representante común de la defensa, Javier Angulo Nobara.

"Estos artículos otorgan facultades para comprobar cuerpo del delito y probable responsabilidad, esto es, para actuar como fiscales, convirtiendo en inquisitorio el sistema penal mexicano", dijo.

El amparo se interpondrá contra la sentencia de 25 años de prisión que dictó el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito de Tuxtla Gutiérrez a 18 de los indígenas acusados de la matanza, por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Teoría no se sustenta

"El magistrado Homero Ruiz valida la teoría del caso de la Procuraduría General de la República, considerando posible que en un espacio de 45 metros cuadrados cupieran 650 personas de las cuales 300 iban armadas", destaco el abogado.

Sin embargo, sostuvo, la evidencia que consta en el expediente no sustenta esa teoría, pues sólo se encontraron tres armas que no corresponden con los 52 cartuchos encontrados en el lugar de los hechos.

Cuestionó también que el magistrado no concedió valor probatorio a la prueba de rodizonato de sodio que resultó negativa para la mayoría de los sentenciados, ni a las confesiones de cinco de los participantes, que afirman que fueron nueve los autores de la matanza.

La defensa argumentará otros puntos de violación constitucional, como la denegación de justicia a los inculpados, que apenas están recibiendo una sentencia de segunda instancia diez años después de iniciado el proceso penal.

"Pese a que el magistrado lo niega, debe entenderse que existe denegación de justicia, sobre todo cuando hay más de 50 procesados que han estado en prisión preventiva durante todo este tiempo", afirmó el abogado.

Los 57 inculpados son indígenas tzotziles, acusados de matar a 45 integrantes del mismo grupo étnico, en su mayoría mujeres y niños pertenecientes a la organización civil Las Abejas, el 22 de diciembre de 1997, en Acteal, Chiapas.

En estos diez años, el juicio ha sido repuesto en por lo menos siete ocasiones posponiendo cada vez la emisión de una sentencia definitiva, situación que, de acuerdo con la defensa, viola los derechos procesales de los inculpados.