El Universal
El representante de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos afirmó que los militares que participan en el combate al crimen organizado deben tener ciertos controles en el desarrollo de su trabajo
Para que el gobierno del presidente Felipe Calderón gane legitimidad en su lucha contra el narcotráfico debe actuar dentro de un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos, aseguró Amerigo Incalcaterra, representante de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos la Organización de las Naciones Unidas en México.

El funcionario subrayó además que los militares que participan en el combate al crimen organizado deben ser capacitados y tener ciertos controles en el desarrollo de su trabajo, para evitar las violaciones a los derechos humanos, y en el caso de que éstas se cometan, dijo, que sean investigados y juzgados por civiles.

"Es importante que el estado actúe dentro del marco de su propia legalidad y de respeto a los derechos humanos, ahí es una lucha mucho más prolongada, es una lucha evidentemente en condiciones complejas pero se gana muchísima legitimidad, ese es el tema de fondo", dijo el funcionario.

En conferencia de prensa desde la Cancillería mexicana, acompañado del subsecretario de Asuntos Multilaterales, Juan Manuel Gómez Robledo, y luego de instalar el Mecanismo permanente de comunicación, consulta y diálogo entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno Federal, Amerigo Incalcaterra coincidió en que el estado tiene que combatir con todos los recursos al crimen organizado.

"(El Ejército) está preparado para otras funciones, por eso hemos pedido que si se ha tomado la decisión de utilizar la fuerza armada en tarea de seguridad pública, que se establezcan ciertos controles y capacitaciones, porque es una función que se le esta dando a una estructura que tiene el mandato de la protección a la seguridad nacional", dijo sin embargo.

Incalcaterra, quien dejará su cargo el próximo viernes luego de que trascendió que sale de la titularidad de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU por presiones del gobierno mexicano, dijo que las relaciones con México deben ser tratadas en el ámbito de la institucionalidad y no de manera personal, por lo que subrayó, su salida no afectará el trabajo de la oficina.

"En una relación tan compleja, cuando se aborda el tema de derechos humanos, en ocasiones, y lo hemos vivido en varias partes del mundo, es normal que haya (entre los gobiernos y la oficina) mal entendidos, fricciones presiones, pero eso se supera, como se ha superado en México", dijo.

"Más allá de las dificultades reales, que son normales, lo importante es la apertura que existe para abordar la problemática de la sociedad, y que los derechos humanos ya es un tema en México y que la sociedad civil participa activamente para construir con las autoridades respuestas".

Incalcaterra, quien dijo que este viernes se anunciará a través de una comunicación oficial cuál será su próxima misión diplomática, aseguró que uno de los grandes retos que México tiene es transformar en hechos concretos para las realidades de los mexicanos el tema de los derechos humanos.