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Ante la falta de voluntad de las autoridades mexicanas para resolver las amenazas a la libertad de expresión, es momento de pasar de la denuncia a las acciones, señala la organización
Saltillo. Ante las agresiones recientes a periodistas y medios de comunicación queda en evidencia la inexistencia de condiciones para el pleno ejercicio de la libertad de prensa y el fracaso del Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar el libre flujo de información, aseguró a través de un comunicado la organización independiente defensora de derechos humanos Article 19, que trabaja alrededor del mundo en la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión.

Las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación siguen en aumento en el 2010 a comparación con años anteriores. Los números no son alentadores, hay 6 homicidios en contra de periodistas, 1 periodista desaparecido y 6 ataques contra medios de comunicación, señala la organización.

"El reciente secuestro de los colegas periodistas el pasado 25 de julio con la intención de presionar a medios nacionales como Televisa y Multimedios para que difundieran sus mensajes, coloca en la agenda nacional lo que ya varios medios locales de comunicación denunciaban desde hace tiempo:  El crimen organizado presiona y extorsiona para difundir sus mensajes", expresan en el comunicado.

Las respuestas que han sido instrumentadas para prevenir las agresiones en contra de periodistas, -abundan- son insuficientes o nulas y pese a la evidencia del patrón de violencia en contra de la prensa, México no cuenta con una política de prevención, ni hay una voluntad clara de las autoridades para emprender investigaciones diligentes y efectivas que ataquen la impunidad imperante, sostienen.

De ahí que, apuntó Article 19, es momento de pasar de la denuncia a las acciones, por lo que propusieron los siguientes seis ejes de trabajo para fomentar un ambiente propicio para el ejercicio pleno de las libertades de expresión y de prensa:

1. Promover el diálogo para el intercambio de información y el respaldo entre medios de comunicación (locales y nacionales) y periodistas en aras de condenar y visibilizar las agresiones a la prensa mexicana.

2. Asegurar el flujo informativo (buscar, recibir y difundir) de las noticias que provengan de zonas con un alto nivel de inseguridad para ejercer el periodismo.

3. Adoptar protocolos de seguridad y capacitar a periodistas para la cobertura periodística en zonas de riesgo.

4. Exigir que el Estado cumpla con su obligación de abstenerse de interferir en el ejercicio de la libertad de expresión y, al mismo tiempo de erradicar la impunidad a través de investigaciones eficaces y transparentes de los casos de periodistas asesinados y desaparecidos.

5. Promover la modificación del marco legal correspondiente con el fin de federalizar los delitos contra la libertad de expresión, así como dar mayores facultades a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión

6. Impulsar la creación de un mecanismo nacional de prevención y protección para periodistas.