Leticia Robles/Excélsior
Los ex procuradores, que forman parte de un grupo en el cual también participan Héctor Fix Zamudio, Miguel Carbo-nell, Daniel Barceló y John Ackerman, consideran fundamental el fortalecimiento de la PGR como una forma de mejorar la gobernabilidad en el país.
México, D.F..- Los ex procuradores generales de la República, Jorge Carpizo, Sergio García Ramírez y Diego Valadés propusieron al Senado una reforma profunda de la PGR, para mejorar su trabajo. Sugieren dividirla en la Fiscalía General del Estado, para que se encargue de la acción penal, y en el Ministerio Público del Poder Ejecutivo, enfocado en la representación social en procesos judiciales.

También proponen retirarle la Policía Ministerial y devolverla a la Secretaría de Gobernación, bajo la denominación de Policía Nacional de Investigación; la Secretaría de Gobernación, a su vez, deberá ser trasformada en Secretaría del Interior.

La sugerencia de los ex procuradores está contenida en el documento Reforma del Estado. Propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para la Actualización de las Relaciones entre Poderes del Sistema Presidencial Mexicano, que tienen sus orígenes en la llamada Escuela Constitucionalista del propio Instituto, que se trabaja desde hace tres años, pero que hoy entregan oficialmente al Senado de la República, el cual pagó casi un millón de pesos por este análisis.

Los ex procuradores, que forman parte de un grupo en el cual también participan Héctor Fix Zamudio, Miguel Carbo-nell, Daniel Barceló y John Ackerman, consideran fundamental el fortalecimiento de la PGR como una forma de mejorar la gobernabilidad en el país.

El planteamiento considera que el nombramiento del titular de la PGR, que se concreta con el voto de las dos terceras partes del pleno senatorial, se mantenga sin cambios.

Respecto a gobernabilidad, los juristas consideran que:

La Secretaría de Gobernación debe transformarse en una Secretaría del Interior, con incidencia en materia de seguridad federal, como coadyuvante del Ministerio Público Federal.

En caso de ausencia, el Presidente de la República sea sustituido por el titular de Gobernación o, a falta de éste, por el canciller.