Fabiola Martínez / La Jornada
Cd. de México.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanas (CNDH), José Luis Soberanes, advirtió -ante el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña- que los retenes militares en diferentes puntos del país no tienen sustento en la Constitución.
Lo anterior, subrayó, aun cuando las leyes prevén la participación militar en tareas de seguridad pública, siempre y cuando medie una solicitud expresa y en auxilio de las autoridades civiles, pero "nunca de manera unilateral e independiente".

Durante la inauguración del primer Foro de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman dijo que la CNDH ha recibido "numerosas quejas" por la existencia de retenes y las restricciones que al derecho de tránsito ocasionan. Reiteró también que la inseguridad pública ha aumentado en 20 años.

"Los retenes que instalan diversas instituciones policiales, e incluso elementos del Ejército, no tienen sustento en la Constitución", insistió Soberanes.

En respuesta, el secretario Ramírez Acuña admitió que los retenes son prácticas que tienen que ser revisadas, "para efecto de poder estar dentro de los marcos constitucionales y, al mismo tiempo, garantizar a la propia población la seguridad en torno de sus calles, carreteras y comunidades".

Recordemos, agregó el funcionario en entrevista posterior, que hay espacios en los que se retienen muchas armas que posteriormente iban a generar otro tipo de delincuencia.

"Sin embargo, se está consciente, y es una tarea que tenemos que hacer todos los ámbitos de gobierno para poder estar dentro de los marcos constitucionales y garantizar la seguridad", expresó el responsable de la política interior.

En el foro, organizado por la Secretaría de Gobernación, fue notoria la ausencia de representantes de organizaciones civiles como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez o la Red Todos los Derechos para Todos, por citar algunos nombres de importantes grupos no gubernamentales.

No obstante, al final, activistas denunciaron frente al funcionario la falta de atención -al menos en los discursos emitidos ayer- a problemáticas particulares como la discriminación de que son objeto la población homosexual o los discapacitados.

La convocatoria, señalaron funcionarios de la dependencia, fue abierta y al final "participó el que quiso". El salón del encuentro fue ocupado básicamente por funcionarios públicos de los gobiernos federal y algunos estatales, así como por el representante en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, y enviados de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Destacó también la presencia del general Jaime Antonio López Portillo, director de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de legisladores.

Ante ellos, el titular de la CNDH expuso -por más de media hora- diversas propuestas relacionadas con la seguridad pública, el sistema de justicia penal y problemas tales como la violencia de género, los agravios a periodistas, la tortura, las detenciones arbitrarias y la migración, entre otros.

"El derecho a la seguridad pública al inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón y, hasta el día de hoy, sigue siendo un problema de gran preocupación para la sociedad mexicana y (.) constituye un pendiente por resolver por el gobierno mexicano", puntualizó.

Sobre el primer punto Soberanes advirtió que el flagelo de la inseguridad pública lesiona los derechos de los mexicanos y citó que entre 1980 y 2000 ha aumentado 122 por ciento, de acuerdo con estimaciones oficiales. Este fenómeno se caracteriza -dijo- por el aumento de la violencia y de las lesiones en contra de las víctimas.

En torno a la reforma al sistema de justicia penal, el ombudsman consideró que éste debe superar diversos resabios de autoritarismo que permanecen en el marco jurídico vigente y le impiden operar de manera adecuada, en especial por las facultades inquisitorias del Ministerio Público.

En su exposición también defendió la labor que realizan los organismos públicos de protección de los derechos humanos, la cual "no se sostiene en el número de recomendaciones que emitan", sino en la eficacia de su trabajo en favor de las demandas de la sociedad y de las personas a las que se les ha negado el reconocimiento y goce de sus garantías fundamentales.

Por ello propuso que el plan nacional de derechos humanos que se impulse desde la esfera gubernamental asuma con total determinación posturas que garanticen esas garantías.

En su mensaje, el secretario Ramírez Acuña admitió que es prioritaria la protección de todos los ciudadanos, sin ningún distingo.

Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se instruye al titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos para coordinar los trabajos de la elaboración del anteproyecto Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, responsabilidad del Ejecutivo federal, así como la integración de grupos de trabajo formados por la sociedad civil y especialistas para la realización de esta tarea.