Universal
México, D.F.- El ingreso de Sandra Avila Beltrán, "La Reina del Pacífico", a un penal del Distrito Federal, no fue un acto "premeditado o de mala fe", sino que un juez capitalino aceptó tener a su cargo el caso de la presunta traficante; además de que desde 2001 no se permite el ingreso de mujeres a penales de alta seguridad por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Noé Ramírez Mandujano, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República, expuso así los motivos de que la inculpada fuera recluida el sábado pasado en el penal de Santa Martha Acatitla.

El hecho provocó malestar entre las autoridades capitalinas, al considerar que el penal ubicado en la Delegación Iztapalapa no cumple con las medidas de seguridad para albergar a presas de alta peligrosidad, por lo que pidieron al Gobierno Federal su reubicación a una prisión de máxima seguridad.

Al respecto, el subrocurador explicó en una entrevista radiofónica que la presunta traficante fue consignada ante un juzgado federal del Centro Federal de Readaptación número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, pero éste se declaró incompetente a favor de un juez de distrito en el Distrito Federal, el cual aceptó llevar el caso, por lo que el ingreso de la inculpada a una prisión de la Ciudad de México, fue sólo el cumplimiento de un mandato judicial.

Ramírez Mandujano expuso además que "desde el año 2001 ya no se ingresan mujeres a los penales de máxima seguridad por intervención de la CNHD. Se considera que una mujer por muy alto grado de peligrosidad que tenga, no se requiere que esté en un penal de este tipo".

Detalló que los casos que condujeron a esta medida fueron los de Gloria Arenas Agis, alias "La Coronela", dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y Felícitas Padilla Nava, quienes se encontraban recluidas en el Cefereso número 1, por los delitos de terrorismo, sabotaje y acopio de armas de fuego, entre otros, pero ante la intervención de la CNDH fueron reubicadas al Penal de Neza Bordo, en el Estado de México.

Por otra parte, el subprocurador rechazó las versiones de que no existen evidencias contundentes contra Avila Beltrán como una de las principales operadores para el trasiego de droga de Colombia a México.

"Yo no calificaría de débiles las imputaciones que existen en su contra, porque hay dos resoluciones judiciales dictadas por jueces distintos, que valoraron los elementos de prueba, y por otro lado se emitió una orden de detención provisional con fines de extradición hacía los Estados Unidos".