Según la agencia bangladeshí UNB, uno de los cadáveres corresponde a Nazneen Shakil Shipu, esposa del director del cuerpo amotinado, el general Shakil Ahmed, también fallecido en el motín.
Nueva Delhi, India.- Las fuerzas de seguridad de Bangladesh encontraron hoy en tres nuevas zanjas los cadáveres de 10 víctimas del motín de la guardia especial de fronteras en el cuartel general de Dacca, mientras que el Ejército ha anunciado que los responsables de la revuelta se enfrentarán a un tribunal especial.

Según la agencia bangladeshí UNB, uno de los cadáveres corresponde a Nazneen Shakil Shipu, esposa del director del cuerpo amotinado, el general Shakil Ahmed, también fallecido en el motín.

Otros tres cadáveres han sido ya identificados y pertenecen a destacados oficiales del Ejército.

Tras el hallazgo de hoy, la cifra total de víctimas mortales se sitúa en 77, según el portal Bdnews.com, aunque por el momento no ha habido un recuento oficial.

Ayer, las fuerzas de seguridad hallaron 44 cadáveres en otra zanja, entre los que se encontraba el cuerpo de Ahmed.

El periódico "Daily News", en su edición digital, cifra en 74 las víctimas mortales y precisa que decenas de oficiales se encuentran desaparecidos.

En la búsqueda de víctimas están participando tanto efectivos policiales como miembros del Ejército, que ayer entraron en el complejo.

Mientras, un alto mando de las Fuerzas Armadas, el general Mohamed Abdul Mobin, dijo anoche que el Gobierno de Bangladesh designará a un tribunal especial para que los responsables del motín se enfrenten a un juicio rápido.

"La amnistía general anunciada por la primera ministra, Sheikh Hasina, no significa que aquellos que tomaron parte en el asesinato, motín y otras actividades atroces vayan a ser perdonados", dijo el general, citado por UNB.

Mobin agregó que el país no olvidará "estos actos bárbaros" y explicó que la cúpula del cuerpo amotinado, los Bangladesh Rifles (BDR), será reestructurada.

El motín, que comenzó el pasado miércoles y se prolongó durante casi 36 horas, se desató tras una disputa por cuestiones salariales entre altos mandos del Ejército, que comandan el BDR, y miembros de éste último cuerpo que se sienten agraviados con respecto a los militares.

Los BDR emplean a casi 70.000 hombres encargados sobre todo de la vigilancia de fronteras pero también de asistir a Policía y Ejército cuando la situación lo requiere.

Como condición para rendirse, los amotinados exigieron al Gobierno que atendiera sus reivindicaciones profesionales y que no levantara cargos contra ellos.