Carlos Avilés y María de la Luz González / El Universal
México.- La reforma penal propuesta en marzo por el Ejecutivo federal representa un "grave peligro" para las garantías y libertades de la población, advirtió el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, en el foro Seguridad en democracia.
Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío consideró necesario un blindaje legal para evitar que las autoridades incurran en violaciones de derechos fundamentales, durante el endurecimiento de las medidas para combatir a la delincuencia.

Cossío llamó a tratar el problema de la seguridad desde un enfoque global para ampliar al mismo tiempo los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales de la población.

De la iniciativa presentada por el presidente Calderón, García Ramírez criticó la propuesta de crear un doble sistema penal: uno ordinario y otro especial para quienes sean considerados "los enemigos del Estado".

La medida, afirmó, "es una puerta peligrosa hacia la guantanamización" y el país corre el riesgo de caer en situaciones antidemocráticas.

En otra participación, los gobernadores de Morelos, Marco Antonio Adame; Chihuahua, José Reyes Baeza, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, señalaron que el combate a la inseguridad requiere también cambios en el sector educativo.

Coincidieron en la necesidad de crear un sistema nacional de información con el fin de tener datos certeros que ayuden a aplicar medidas eficientes contra la inseguridad.

"El aislamiento actual en el manejo de la información complica la cooperación y la lucha en problemas como el del narcotráfico y el narcomenudeo", explicó Ebrard.

En otra mesa, académicos especialistas en seguridad y justicia expresaron su preocupación porque en la lucha contra el crimen el gobierno adopte un modelo autoritario y represivo, en el que incluso se sancione por igual a delincuentes peligrosos que a líderes de movimientos sociales.

Al encuentro asistieron también especialistas en seguridad de Estados Unidos y América Latina, quienes destacaron que la delincuencia organizada no debe combatirse sólo con medidas represivas, ni con modificaciones aisladas a la legislación penal, sino con una reforma integral que incluya la transformación de los sistemas policial y de justicia, y con la aplicación de políticas sociales.

Sobre los riesgos de la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado, alertaron que puede generar violaciones a los derechos humanos, y recomendaron incorporar a este combate las mejores prácticas internacionales en la materia.

Mencionaron los puntos indispensables para enfrentar al crimen organizado: control territorial, colaboración ciudadana, acciones de represión con pleno respeto a los derechos humanos, transparencia y reforma estructural de la fuerza pública.

El foro, organizado por un grupo de ciudadanos, inició ayer con cuatro mesas de trabajo en las que se realizó un diagnóstico de la situación.

José Woldenberg, uno de los promotores del encuentro, refirió que se busca impulsar una política de Estado en materia de seguridad.

Para hoy se plantearán propuestas y se entregarán las conclusiones.