Quito.- Al exigir nuevamente a Bogotá los videos del ataque al campamento de las FARC, Ecuador reforzó ayer sus sospechas de que Estados Unidos ayudó a Colombia en el bombardeo, en el que, según el Gobierno, se cometieron crímenes de la humanidad.
Hay "fundadas razones para creer que la Fuerza Aérea colombiana no estuvo en capacidad de realizar por sí sola el ataque y que la agresión del 1 de marzo pudo haber contado con la participación de un gobierno externo a la región", manifestó el ministro de Defensa, Javier Ponce, en conferencia de prensa.

El funcionario se abstuvo de implicar directamente a EU, pero ratificó que en la acción -que dejó 25 muertos incluidos el jefe rebelde Raúl Reyes, un ecuatoriano y cuatro mexicanos- fueron empleadas bombas guiadas por el sistema GPS de fabricación norteamericana.

La acción -en la que, según Quito, los militares colombianos ejecutaron extrajudicialmente a por lo menos cuatro de las víctimas- derivó en la ruptura por primera vez de relaciones entre Colombia y Ecuador.

Quito "exige del Gobierno de (Alvaro) Uribe sin más dilaciones entregue los videos instalados en los aviones", afirmó Ponce, y aseguró que el Ejecutivo ecuatoriano ha elevado el mismo pedido en cuatro ocasiones a través de la OEA, que media en la crisis.

El ministro consideró igualmente que Bogotá "debe despejar con absoluta claridad este hecho, más aún cuando el Gobierno norteamericano fue el primero en felicitarse por la violación" a la soberanía ecuatoriana.

Las dudas
Colombia señaló que el ataque fue realizado por su Fuerza Aérea con aviones Súper Tucano, brasileños, pero según Ponce las naves debieron ser modificadas "mecánica, electrónica y aerodinámicamente, y con ayuda externa", para que pudieran lanzar las bombas.

"Los Súper Tucano pudieron haber participado en el bombardeo utilizando bombas guiadas por el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), pero siempre que hayan tenido una adaptación previa que presupone un proceso de 10 a 12", expresó Ponce.

El martes, Ecuador presentó los resultados de las autopsias a los cadáveres -recuperados por militares ecuatorianos de la zona bombardeada-, que según el Gobierno probarían que cuatro personas fueron rematadas con disparos por la espalda aún estando con vida.

A partir de esa evidencia, se investigará si los soldados colombianos cometieron crímenes de lesa humanidad en Ecuador y contra el ecuatoriano Franklin Aisalla, quien habría sido muerto a golpes en la cabeza y no por acción del bombardeo, según el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante.

Ayer, desde Bogotá, el canciller colombiano Fernando Araujo negó las denuncias. "Nosotros no hacemos ejecuciones extrajudiciales como lo presentaron algunos de los miembros del Gobierno de Ecuador, sino que, por el contrario, les dimos toda la atención a las (tres) personas heridas que encontramos en el campamento", afirmó a la radio ecuatoriana.

No obstante el progresivo aumento de las tensiones, "lo que Colombia aspira es al restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con Ecuador y a que logremos construir un clima de confianza y cooperación mutua en todos los asuntos", añadió el funcionario.