Sedena, SSP y PGR, a la expectativa por la Iniciativa Mérida
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<strong>México, D.F. </strong>.- Hasta que se concrete la llamada Iniciativa Mérida (Plan México), las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Seguridad Pública (SSP) federal, y la Procuraduría General de la República (PGR) determinarán los proyectos de infraestructura y equipamiento a desarrollar en los próximos meses a fin de combatir el tráfico de drogas, pero una de las exigencias de autoridades estadunidenses es que personal de la agencia antidrogas de Washington (DEA) "colabore" de manera permanente en los operativos y de manera inmediata esa corporación tenga la misma información que sus contrapartes mexicanas, revelaron funcionarios federales.<br>
La intención de los estadunidenses es que se aplique un esquema similar al que ya se realiza con la PGR, en donde agentes de la DEA están presentes en diligencias, cateos y detenciones importantes, como ocurrió, por ejemplo, en el caso Zhenli Ye Gon, en marzo pasado.
Sin embargo, las fuentes consultadas refirieron que los representantes de las instituciones castrenses han sido los que mayor oposición han presentado a la exigencia de la Casa Blanca.
Al respecto, indicaron los entrevistados, ahora corresponde a los militares la tarea de erradicar cultivos ilícitos y antes la PGR autorizaba a agentes de la DEA para que acompañaran -a manera de supervisión- a los pilotos.
Cabe recordar que el llamado Plan México prevé que Estados Unidos aportará mil 400 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico en territorio mexicano y que, entre otros puntos de interés para autoridades de aquel país, está la adquisición por parte de México de tecnología, aeronaves y equipamiento para las corporaciones policiacas, pero con diversas condiciones, según funcionarios federales que conocen de las exigencias estadunidenses, entre ellas mayor participación de sus agentes en las investigaciones y persecución de narcotraficantes.
Así, será hasta que el Congreso de Estados Unidos apruebe la primera remesa de 500 millones de dólares, cuando las instituciones mexicanas decidan en qué invertir los recursos.
